

El Gobierno del Perú oficializó, mediante el Decreto Supremo N.º 014-2025-RE, el cierre definitivo de su consulado en la ciudad de El Alto, Bolivia, una decisión que forma parte de una reestructuración consular impulsada por la Cancillería peruana para optimizar recursos y mejorar la atención a compatriotas en el exterior.
La medida fue publicada el 28 de mayo de 2025 en el diario oficial El Peruano y confirma la cesación anticipada de funciones del consulado en El Alto desde el 28 de febrero de 2023, como ya había sido notificado por la Embajada del Perú en Bolivia.
El consulado en El Alto, creado en 2004, transfiere su jurisdicción al Consulado General del Perú en La Paz, con aprobación del gobierno boliviano.
La reorganización consular contempla una redistribución territorial de las oficinas en Bolivia:
Consulado en La Paz: atenderá La Paz, Oruro y Pando.
Consulado en Cochabamba: cubrirá Cochabamba, Tarija y Potosí.
Consulado en Santa Cruz: tendrá competencia sobre Santa Cruz y Beni.
Consulado en Sucre: mantendrá su jurisdicción sobre Chuquisaca.
Según la Cancillería peruana, esta reestructuración busca una atención más eficiente y cercana para los peruanos residentes, y responde a criterios de concentración poblacional y demanda de servicios consulares.
Aunque el cierre responde a un plan institucional, coincide con la grave crisis política y social en Bolivia, que complica la situación de los peruanos en zonas fronterizas como El Alto y Desaguadero.
En marzo, bloqueos y protestas paralizaron El Alto, liderados por transportistas y la organización indígena Ponchos Rojos, en medio de la escasez de combustible. La movilización llegó hasta La Paz, donde los Ponchos Rojos cercaron la Plaza Murillo, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce si no se atienden sus demandas en 72 horas.
Reclaman austeridad fiscal, reducción de sueldos públicos, remoción de ministros y normalización del suministro de diésel y gasolina.
La tensión también afecta al comercio fronterizo. En Desaguadero, comerciantes bolivianos han dejado de aceptar su propia moneda, exigiendo el pago en soles peruanos ante el colapso del boliviano. La diferencia cambiaria es notoria:
1 sol peruano equivale a 4 bolivianos, provocando distorsiones económicas y problemas de abastecimiento.
A pesar de los rumores de un posible éxodo masivo, la realidad muestra que es más fácil para los peruanos ingresar a Bolivia que para los bolivianos migrar al Perú, debido a restricciones económicas y la devaluación de su moneda.
La reconfiguración de la red consular peruana responde a un enfoque de eficiencia institucional, pero su implementación ocurre en un escenario delicado. La situación de inestabilidad política en Bolivia y los problemas económicos fronterizos plantean nuevos retos para la diplomacia peruana y la protección de sus ciudadanos en el exterior.