

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule el fallo de un juez federal que le impide deportar a migrantes retenidos en Yibuti a Sudán del Sur, un país catalogado como altamente peligroso por el propio Departamento de Estado estadounidense.
Los ocho migrantes, de nacionalidades como Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam, fueron trasladados a una base militar de EE. UU. en Yibuti, desde donde se planeaba deportarlos. Sin embargo, el juez Brian Murphy de Massachusetts dictaminó que la administración Trump violó una orden federal al intentar la deportación sin brindarles la oportunidad de litigar sus casos ni garantizar su seguridad.
“No se puede enviar a personas a un país donde corren riesgo de tortura sin una audiencia legal adecuada”, sentenció Murphy.
De los ocho migrantes, solo uno es originario de Sudán del Sur, mientras que los demás no tienen vínculo directo con ese país. Sin embargo, el Gobierno de Trump argumenta que Sudán del Sur es el único dispuesto a recibirlos, ya que sus países de origen no los aceptan.
Trump justifica la deportación señalando que estos migrantes habrían cometido crímenes “monstruosos”. Aun así, las leyes estadounidenses prohíben expulsar personas hacia países donde puedan enfrentar tortura o tratos inhumanos.
La solicitud del expresidente genera más controversia considerando que el propio Departamento de Estado cataloga a Sudán del Sur como una zona de conflicto armado. En mayo de 2025, EE. UU. retiró de ese país a su personal no esencial, recomendando a los ciudadanos estadounidenses no viajar allí.
Pese a ello, Trump intenta mantener su política de deportaciones masivas. Como alternativa, el juez Murphy ofreció la posibilidad de realizar audiencias migratorias en Yibuti, donde están retenidos.
En paralelo, se reveló que más de 200 migrantes fueron enviados a una megacárcel en El Salvador, bajo un acuerdo confidencial entre Trump y el presidente Nayib Bukele. Según la información disponible, los migrantes permanecen incomunicados y sin acceso a representación legal.
El pacto entre ambos gobiernos tendría una vigencia inicial de un año y un valor de 6 millones de dólares para El Salvador, pero los detalles no han sido publicados oficialmente.