A menos de un año de las Elecciones 2026, una investigación de RPP Data y El Poder en tus Manos destapó que 35 requisitoriados por delitos graves, incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, figuran como afiliados activos a partidos políticos, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Entre ellos se encuentran:

• José Antonio Aquino Montoro, buscado por homicidio calificado desde 2022.

• Luis Francisco Pardo Paico, requisitoriado por violación sexual de un menor desde 2017.

• Rosa Angélica Ayachi Ojanama, investigada por tráfico ilícito de drogas.

Todos ellos están afiliados a partidos que participarán en las elecciones generales de 2026.

Partidos con más requisitoriados afiliados

• Perú Libre encabeza la lista con 6 afiliados buscados por la justicia. Entre ellos:

  • Vladimir Cerrón, fundador del partido, con orden de captura vigente por organización criminal y otros delitos. Se ofrece una recompensa de medio millón de soles.

  • Francisco Muedas Santana, involucrado en “Los Dinámicos del Centro”.

  • Santos Bruno Román Herrera, Juan Boza Yarice y Wilfredo Jesús Morales, todos con requisitorias por violación sexual de menores.

• Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, tiene 5 afiliados requisitoriados, incluyendo:

  • Yudith Ramírez Ysuiza, condenada por trata de personas agravada.

  • Eliseo Ríos Sebastian, buscado por narcotráfico, inscrito en el partido seis meses después de ser incluido en la lista de más buscados.

• Acción Popular también registra 5 requisitoriados afiliados, entre ellos:

  • Grace Hainy Carrillo Ríos, por extorsión.

  • Rosa Angélica Ayachi Ojanama, por narcotráfico.

  • Tres miembros con orden de captura por violación sexual.

¿Pueden seguir en política?

Según la Constitución del Perú, los ciudadanos requisitoriados sin sentencia firme no pierden sus derechos civiles ni están impedidos de afiliarse o postular, lo que abre la puerta a que criminales participen en elecciones.

El abogado electoral José Manuel Villalobos y el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta coinciden: sin condena, pueden postular, y solo una sentencia firme puede impedir su candidatura.

¿Y los partidos? ¿Por qué no los filtran?

Fernando Tuesta señala que los partidos carecen de filtros adecuados:

“Muchos incorporan personas de forma fraguada o por favores”, alerta.

Luis Valdez, de APP, reconoció que “no todos los militantes son conocidos directamente” y que es “probable” que algunos cometieran delitos después de afiliarse. Sin embargo, los registros muestran casos como el de Eliseo Ríos, afiliado meses después de ser requisitoriado.

Desde Acción Popular, su presidente Julio Chávez Chiong anunció que activarán mecanismos internos de expulsión inmediata y propuso un sistema legal para cruzar datos con el Ministerio del Interior.

¿Y si postulan en 2026?

La ley no impide postular a quienes no tengan condena en primera instancia. Por ello, estos afiliados —aunque figuren en el Programa de Recompensas— podrían convertirse en candidatos oficiales si superan las primarias de noviembre.

“Tendrán que consignarlo en su hoja de vida, y estarán sujetos a tachas si el JNE detecta irregularidades”, explicó Tuesta.

Una amenaza real: crimen organizado en la política

Fernando Rodríguez Pastor, exdirector del ROP, advirtió que los partidos tienen una responsabilidad ética y política:

“Aunque no haya impedimento legal, se debe alertar públicamente quiénes son y en qué partidos militan. Eso obligaría a las organizaciones a depurar sus padrones”.

Esta es solo la primera entrega de una investigación que exige medidas urgentes: más control, transparencia y una barrera firme al crimen organizado dentro del sistema democrático.