

La presencia de peruanos en conflictos armados en el extranjero ha encendido una fuerte alarma entre familiares, autoridades y expertos en seguridad. Jóvenes, seducidos por falsas promesas económicas difundidas en redes sociales, terminan involucrados en zonas de guerra como Ucrania, enfrentando riesgos extremos, sin protección legal ni retorno garantizado.
Plataformas como Facebook, TikTok y Telegram se han convertido en canales clave de reclutamiento digital, en los que supuestas agencias o intermediarios prometen salarios de hasta 2.000 euros mensuales, alojamiento gratuito y contratos inmediatos. Sin embargo, detrás de esa fachada hay redes opacas, sin respaldo oficial, que exponen a los jóvenes a violencia, abandono y muerte.
José Ávila Tuanama, de 29 años, dejó su vida en Arequipa, incluyendo su empleo en construcción y a sus hijos, para unirse al ejército ucraniano. Fue captado por redes sociales que ofrecían dinero y estabilidad. Lo que recibió fue lo contrario.
“Era alegre, trabajador, pero estaba atrapado por la necesidad”, relató su hermana. José murió en combate en mayo de 2024, y su familia aún espera la repatriación de sus restos, un proceso estancado por la falta de respuestas oficiales desde Ucrania.
Las publicaciones que atraen a jóvenes peruanos prometen condiciones de vida que superan cualquier expectativa local. Pero tras el viaje, los voluntarios descubren la cruda realidad: entrenamientos mínimos, peligros reales de muerte, ausencia de seguros médicos y condiciones infrahumanas.
El exsoldado peruano Miguel Vázquez Reátegui, con experiencia en Irak, Afganistán y Ucrania, lanzó una advertencia clara:
“Desde afuera parece fácil, pero en la guerra hay miedo constante, hambre, heridas y traumas que duran para siempre.”
Miguel tuvo que abandonar el frente por problemas de salud. Hoy vive con las secuelas físicas y mentales que lo marcaron para siempre.
Mientras tanto, la Cancillería peruana ha empezado a recibir reportes de estos casos. Hay gestiones en curso para ayudar a los familiares, pero los trámites son lentos, complejos y con escasa cooperación internacional, especialmente en contextos de guerra abierta.
“Hay padres que no saben si sus hijos siguen vivos. Otros no tienen noticias desde hace meses. Es desesperante”, comenta una fuente diplomática.
Expertos en seguridad y derechos humanos exigen al Estado peruano una campaña urgente de prevención, regulación de estas ofertas en redes sociales y mayor presencia consular en zonas de conflicto.
Las mafias de reclutamiento digital continúan activas, y mientras no haya respuestas contundentes, más jóvenes podrían caer en esta trampa mortal.