

El conflicto territorial en la zona de Calpa, distrito de Atico (Caravelí), amenaza con escalar violentamente, y el presidente del Frente de Defensa, Walter Edinson Neyra, ha lanzado una grave acusación pública: responsabiliza directamente al alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, por cualquier enfrentamiento que pueda producirse en la zona.
“Desde hace más de tres meses hemos advertido a todas las autoridades sobre el riesgo de violencia, pero nadie ha hecho nada. Si ocurre algo más grave, será culpa de quienes, teniendo conocimiento, no actuaron”, denunció Neyra, quien asegura haber enviado reiterados informes sin obtener respuesta.
El conflicto se intensificó el pasado 28 de mayo, cuando el Frente de Defensa ejecutó trabajos de mantenimiento en una carretera de uso público con más de 70 años de existencia. Según Neyra, el grupo fue agredido por presuntos miembros de la asociación “Calpa Renace”, quienes habrían tomado el control de la zona con métodos intimidatorios.
“No buscamos enfrentamientos. Solo estamos recuperando un camino que siempre fue del pueblo”, declaró el dirigente, quien acusa a “Calpa Renace” de manipular a antiguos pescadores y comuneros para mantener su influencia.
Neyra también denunció la presencia de organizaciones mineras en proceso de formalización que, según él, operan sin directivas legales vigentes desde 2021. Citó específicamente a las agrupaciones “2 de Diciembre” y “ARMAPE” como casos críticos. Pese a las denuncias formales, acusó a la Fiscalía de mantener una actitud pasiva.
“He llevado documentos a todas las autoridades, pero nadie responde”, reclamó.
Un informe reciente de la Policía Nacional sostiene que el Frente de Defensa de Atico estaría promoviendo invasiones con supuestos intereses económicos vinculados a la explotación ilegal de minerales. Según el documento, se buscaría acceder a terrenos con alto potencial minero, lo que explicaría el respaldo a ocupaciones ilegales. Neyra negó cualquier interés económico oculto al ser consultado por este medio.
En respuesta al creciente conflicto, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se encuentra en Lima impulsando una mesa multisectorial en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Participarán ministros de Estado y el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal.
El objetivo: prevenir nuevos hechos de violencia y restablecer el orden en una zona cada vez más convulsionada por la minería informal.