

Este martes se instaló en Chalatenango (norte de El Salvador) el esperado juicio contra tres altos mandos militares retirados, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, durante uno de los períodos más cruentos de la guerra civil salvadoreña.
Los periodistas, que trabajaban para medios de los Países Bajos, fueron emboscados y ejecutados en una zona rural mientras documentaban la represión militar y los abusos cometidos contra civiles.
Entre los procesados están:
Coronel Mario Adalberto Reyes Mena, señalado como principal autor intelectual. Actualmente reside en Estados Unidos y enfrenta una orden de deportación.
General José Guillermo García, quien fue ministro de Defensa Nacional durante los primeros años del conflicto armado (1979–1983).
Coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la temida y extinta Policía de Hacienda, fuerza de seguridad vinculada a numerosos abusos y violaciones de derechos humanos.
Este juicio representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado salvadoreño, que entre 1980 y 1992 dejó más de 75.000 muertos y miles de desaparecidos.
El asesinato de los reporteros fue calificado como crimen de guerra por organizaciones internacionales. Durante años, los familiares y activistas lucharon contra la impunidad impuesta por leyes de amnistía que blindaron a los responsables.
El caso ha recibido atención global, no solo por tratarse de periodistas extranjeros asesinados mientras cumplían su labor informativa, sino también por la presión de Países Bajos y organismos de derechos humanos para que El Salvador investigara los hechos y enjuiciara a los responsables.
El proceso judicial, abierto formalmente esta semana, incluye:
Declaraciones de testigos y peritos forenses
Desclasificación de documentos militares
Solicitud de colaboración internacional para la extradición de Reyes Mena
El tribunal de Chalatenango ha señalado que el juicio marcará un antes y un después en los procesos relacionados con la guerra civil, enviando un mensaje claro: los crímenes de guerra no prescriben.