

La congresista Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, presentó el Proyecto de Ley N.° 11072/2024-CR, que propone el traslado internacional de internos de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad en El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocido mundialmente por su dureza y control estricto.
“Queremos reducir la sobrepoblación carcelaria y mejorar la seguridad nacional”, declaró Ugarte a RPP.
La legisladora propone que los sentenciados por sicariato, extorsión, homicidio y delitos graves similares puedan ser trasladados en virtud de un convenio bilateral entre Perú y El Salvador. Aún no hay diálogo formal con las autoridades salvadoreñas, pero Ugarte considera que esta gestión le corresponde al Ejecutivo peruano.
El documento legislativo indica que:
El Estado peruano mantendría jurisdicción exclusiva sobre las sentencias impuestas.
El Estado receptor (El Salvador) deberá aplicar las medidas necesarias de acuerdo con su legislación local.
La implementación del convenio recaería en el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo.
Desde Palacio de Gobierno, el premier Eduardo Arana confirmó que el Ejecutivo está evaluando seriamente la propuesta de trasladar a delincuentes peligrosos a cárceles salvadoreñas.
“Lo hemos examinado en el Ejecutivo y pronto tendremos una opinión al respecto”, señaló Arana.
El premier recordó que, en febrero de 2024, cuando era ministro de Justicia, viajó a El Salvador y participó en actividades organizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de ese país. Aunque no se detalló si en esa visita se discutió un posible convenio, la propuesta legislativa vuelve a poner el tema en agenda.
El Cecot, inaugurado en 2023 por el presidente Nayib Bukele, es una de las cárceles más grandes y estrictas del mundo, con capacidad para más de 40,000 internos y un sistema de máxima seguridad que ha sido elogiado por unos y criticado por otros.
El modelo carcelario salvadoreño ha sido adoptado como referencia por varios países latinoamericanos en busca de soluciones rápidas frente al crimen organizado.
Expertos en derecho penal y relaciones internacionales señalan que este tipo de traslados requieren convenios bilaterales complejos, respeto a los derechos humanos y compatibilidad legal entre ambas naciones. Aunque la medida es popular en sectores que exigen mano dura contra el crimen, también ha sido calificada de populista por otros analistas.
La iniciativa de Katy Ugarte abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad ciudadana en el Perú. Mientras se espera la decisión del Ejecutivo, la ciudadanía y la comunidad jurídica observan con atención este intento de replicar el controvertido modelo carcelario de Bukele en territorio peruano.