La Fiscalía de la Nación, a cargo de Delia Espinoza, presentó este martes una denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez Cóndor, actual defensor del Pueblo, ante el Congreso de la República, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo público.

Según el pronunciamiento oficial, Gutiérrez habría propuesto y designado a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, pese a que no cumplía con los requisitos legales exigidos para el puesto.

Designación bajo sospecha: fecha, resolución y cargos

De acuerdo al portal oficial Gob.pe, María del Carmen Olórtegui, psicóloga de profesión, asumió el cargo el 18 de noviembre de 2024, según lo establece una resolución administrativa firmada por el propio Josué Gutiérrez.

La Fiscalía sostiene que el acto fue posible con la colaboración del personal de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo, quienes habrían participado en el procedimiento de nombramiento.

La Fiscalía también investiga a la funcionaria designada

Además de la denuncia contra Gutiérrez, el Ministerio Público dispuso remitir copias certificadas de la investigación preliminar contra Olórtegui Risco, por el presunto delito de aceptación ilegal de cargo.

Esto indica que la funcionaria también es parte del proceso penal, en un caso que podría escalar políticamente al tratarse de una entidad clave para la protección de los derechos fundamentales en el país.

Lo que dice la Fiscalía

“Se le atribuye a Gutiérrez Cóndor que, con el apoyo de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo, propuso y designó a María Olórtegui”, publicó la Fiscalía en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

¿Quién es Josué Gutiérrez?

Josué Gutiérrez es abogado y excongresista, designado como defensor del Pueblo en 2023 en medio de cuestionamientos por su cercanía con sectores políticos conservadores. Su gestión ha sido objeto de críticas por decisiones que, según algunos analistas, comprometen la neutralidad e independencia de la institución.

¿Qué sigue en este caso?

Ahora el proceso queda en manos del Congreso, que deberá evaluar la denuncia constitucional. De prosperar, Gutiérrez podría ser inhabilitado y enfrentarse a acciones penales.