

La fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ha presentado una nueva y contundente acusación penal contra el expresidente Ollanta Humala Tasso, su esposa Nadine Heredia Alarcón y el exministro de Economía Luis Miguel Castilla Rubio, por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en torno a los proyectos Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano, entre 2011 y 2015.
El requerimiento fiscal solicita 35 años de cárcel para Humala y Heredia, y 29 años para Castilla, por su presunta participación en una estructura delictiva diseñada desde el más alto nivel del gobierno para favorecer ilegalmente a Odebrecht y empresas asociadas.
En total, la acusación involucra a 19 personas naturales y a la empresa Enagás Internacional SLU, acusada como persona jurídica. Las penas solicitadas para los implicados van desde los 9 hasta los 35 años de prisión.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, durante el mandato de Humala se implementó un andamiaje legal, político y administrativo para direccionar contratos públicos millonarios a empresas previamente favorecidas, como Odebrecht, vulnerando los principios de libre competencia y transparencia.
El Ministerio Público sostiene que hubo acuerdos previos entre funcionarios públicos y empresarios, lo que constituye colusión agravada. Además, se habría utilizado un entramado financiero opaco para encubrir pagos ilícitos, configurando también el delito de lavado de activos.
La acusación forma parte de la vigésima sexta presentada por el Equipo Lava Jato ante el Poder Judicial. Esta deberá ser evaluada en audiencia de control judicial, paso previo a un posible juicio oral.
En la lista de acusados también figuran exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, representantes de organismos reguladores y altos ejecutivos de las empresas involucradas, todos con roles específicos en la estructura criminal.
Esta nueva acusación se suma a una condena previa: el pasado 15 de abril, Humala fue sentenciado a 15 años de cárcel por el caso de aportes ilícitos al Partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011. Actualmente se encuentra recluido en el penal Barbadillo.
Nadine Heredia, en cambio, no asistió a la lectura de sentencia y solicitó asilo diplomático en Brasil, que fue concedido horas después. La justicia peruana ha emitido una orden de captura internacional en su contra.
La obra Gasoducto Sur Peruano, con un presupuesto inicial de más de 7 mil millones de dólares, fue adjudicada al Consorcio liderado por Odebrecht durante el gobierno de Humala. El contrato ha sido duramente criticado por su opacidad, presiones políticas y escasa fiscalización.
El caso representa uno de los expedientes más complejos del caso Lava Jato en Perú, y podría convertirse en un juicio emblemático sobre la corrupción en megaproyectos de infraestructura.