La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el censurado exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez, tras considerar fundado el pedido de la Fiscalía de la Nación.

La medida se adopta en el marco de una investigación por presuntas gestiones ilícitas ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para beneficiar al empresario Miguel Joel Marcelo Salirosas, excliente del exministro y actualmente preso.

Según la Fiscalía, Santiváñez habría recibido USD 20,000 con la promesa de usar su influencia política para lograr fallos favorables en el Poder Judicial.

Tres graves hechos comprometen a Santiváñez

🔸 1. Presunto soborno por sentencia en el Tribunal Constitucional

De acuerdo con la tesis fiscal, Santiváñez solicitó y recibió pagos por USD 20,000 entre enero y febrero de 2024 para influir en magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
El exministro habría afirmado tener contactos directos con el juez Helder Domínguez, según chats de WhatsApp, audios y testigos protegidos. Aunque el fallo fue desfavorable, insistió que “mientras no esté publicado, todo puede pasar”.

🔸 2. Presión al INPE para evitar traslado de preso

Ya en funciones como viceministro, Santiváñez habría usado su cargo para evitar que Marcelo Salirosas fuera reubicado a un pabellón común. “Yo ya hablé, pero no puedo hacer más, incluso me puedo ganar mil problemas”, afirmó en comunicaciones interceptadas por la Fiscalía.

🔸 3. Coordinación con el Ministro de Justicia

En agosto de 2024, el exministro habría hablado con el titular de Justicia durante Consejos de Ministros para gestionar el traslado del preso a un régimen más favorable. En una reunión grabada el 9 de septiembre, se jactó de sus conexiones y favores previos a funcionarios del Ejecutivo.

¿Por qué se le prohíbe salir del país?

La Corte Suprema justificó la medida por estos factores clave:

• Riesgo de fuga: el cargo actual de Santiváñez es de confianza, sin estabilidad laboral.

• Alta pena prevista: podría recibir hasta 12 años de prisión efectiva.

• Ausencia de arraigo conocido: no tiene oficina estable, ni domicilio verificado.

• Presencia internacional: su estudio de abogados tendría sedes en Perú, México, Colombia, Costa Rica, Chile y Honduras.

“La medida de impedimento de salida es proporcional y necesaria para asegurar los actos de investigación”, indica la resolución judicial.

Próximos pasos en la investigación

La medida permitirá avanzar con pericias fonéticas y acústicas forenses sobre audios clave entregados por testigos protegidos. Estas pruebas serían determinantes para confirmar si Santiváñez actuó como un operador de favores dentro del aparato estatal.

La defensa del exministro aún no ha emitido pronunciamiento oficial.