

El Ministerio de Cultura del Perú revirtió este domingo la polémica decisión que reducía en más de 2.400 kilómetros cuadrados la reserva arqueológica de las Líneas de Nazca, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.
A través de una nueva resolución publicada en el diario oficial El Peruano, se anuló el artículo que recortaba el área de la reserva de 5.633,47 km² a solo 3.200 km². La medida fue firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Rosa Novoa, en medio de fuertes cuestionamientos de la comunidad académica y una inminente interpelación al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, en el Congreso.
La norma restituye la vigencia de la resolución de 2004, que fija oficialmente el área protegida. Además, se anunció la actualización del plan de gestión del patrimonio cultural de Nasca y Palpa en un plazo no mayor de diez días.
La resolución también establece que toda acción que incida en la reserva debe ser consultada con los actores clave del territorio, y se encargó a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la creación de una Unidad Ejecutora exclusiva para la reserva.
El 29 de mayo, el ministro Fabricio Valencia confirmó públicamente la reducción de la zona protegida, argumentando que se trataba de un “sinceramiento técnico” tras 20 años de estudios. Añadió que el cambio no afectaba su condición como patrimonio mundial ni su zona de amortiguamiento, y que permitiría ciertas “actividades autorizadas”.
Sin embargo, sus declaraciones generaron aún más controversia al reconocer la presencia de minería ilegal dentro del área reducida, aunque negó que la decisión facilitara dicha actividad. La reacción fue inmediata: arqueólogos, ambientalistas y congresistas denunciaron el riesgo de depredación patrimonial e intereses ocultos.
Las Líneas y Geoglifos de Nazca, declaradas Patrimonio Mundial en 1994 por la Unesco, son uno de los tesoros arqueológicos más emblemáticos del Perú. Trazadas hace más de mil años sobre el desierto, su valor científico, cultural y turístico ha sido reconocido a nivel global.
Con esta rectificación, el Gobierno busca apaciguar la crisis política y cultural que provocó la medida inicial, aunque la situación del ministro Valencia sigue en la mira del Congreso.