

La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva controversia legal tras ser denunciada por presunta traición a la patria, debido a la firma del Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de la ONU sobre el Océano, realizada recientemente en Niza, Francia.
La denuncia fue presentada por el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. ante la Fiscalía de la Nación, acusando a Boluarte en calidad de persona natural y a la Presidencia de la República como institución. El documento sostiene que la firma del tratado representa una “afectación directa a la soberanía marítima nacional”, en contradicción con el artículo 54 de la Constitución, que establece la jurisdicción exclusiva del Estado peruano sobre sus 200 millas marítimas.
La denuncia sugiere que el acuerdo internacional podría comprometer la integridad territorial del país, lo que —según el denunciante— encajaría en el delito de traición a la patria. “Cualquier tratado que implique cesión o limitación sobre el dominio marítimo resulta inconstitucional y constituye una afrenta directa contra la integridad nacional”, declaró Vignolo al diario Expreso.
El pronunciamiento fue respaldado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), quienes expresaron su rechazo a la firma del tratado, advirtiendo una posible pérdida de soberanía sobre recursos pesqueros estratégicos.
“Este acuerdo es impulsado por ONGs que buscan debilitar sectores productivos como la pesca, que genera miles de empleos y contribuye al desarrollo descentralizado del país”, señalaron en un comunicado conjunto.
En contraste, el canciller Elmer Schialer desmintió estas afirmaciones, asegurando que el tratado no afecta los derechos marítimos del Perú y que no implica adhesión a la Convención del Mar (Convemar), a la cual el Perú no pertenece.
“Es un tratado ambiental. Quien dice lo contrario, miente o está mal informado”, indicó en entrevista con RPP. De igual forma, el exvicecanciller Hugo de Zela sostuvo que existe confusión con otros instrumentos legales. “Este tratado no se aplica a las 200 millas nacionales. Las críticas surgen de la ignorancia; muchos opinan sin leer el texto”, dijo en Canal N.
Conocido formalmente como el Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ), este acuerdo fue adoptado por la ONU en 2023. Busca establecer el primer marco legal internacional para proteger los océanos fuera de las zonas económicas exclusivas, es decir, más allá de las 200 millas náuticas de cada país.
El tratado abarca aproximadamente dos tercios de la superficie oceánica del planeta e incluye medidas como:
Creación de áreas marinas protegidas
Regulación de la pesca, minería submarina y bioprospección genética
Equidad en el acceso y reparto de beneficios de recursos marinos
La suscripción del Perú al tratado ha reabierto el debate sobre soberanía, seguridad alimentaria y protección ambiental, temas que volverán al centro del debate político y legal en los próximos días.