La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes las condenas por corrupción en la obra pública, conocidas como causa Vialidad, en la que figura como principal condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Además de la exmandataria, otras ocho personas fueron condenadas por su rol en el esquema de fraude con contratos viales en la provincia de Santa Cruz, entre ellos funcionarios y empresarios cercanos al kirchnerismo:

• Lázaro Báez: 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta.

• José López: 6 años e inhabilitación perpetua como autor del delito.

• Nelson Periotti: 6 años e inhabilitación perpetua.

• Mauricio Collareda: 4 años de prisión e inhabilitación.

• Raúl Daruich: 3 años de prisión e inhabilitación perpetua.

• Juan Carlos Villafañe: 5 años de prisión e inhabilitación.

• Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses, con inhabilitación perpetua.

• José Santibáñez: 4 años e inhabilitación perpetua.

En cambio, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió absolver a Julio de Vido, Héctor Garro, Abel Fatala y Carlos Kirchner, por falta de pruebas concluyentes.

Un caso que tomó casi dos décadas

El caso Vialidad comenzó en 2008 y tomó fuerza en 2016, con la investigación del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes apuntaron a un entramado de licitaciones direccionadas a favor de Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.

El juicio oral inició en 2019. Durante su testimonio, Cristina Fernández evitó responder preguntas y declaró: “A mí me absolvió la historia”. Sin embargo, la Cámara Federal, la Cámara de Casación Penal y ahora la Corte, validaron las pruebas acumuladas durante años.

La Corte enfatizó que su fallo respetó el debido proceso, rechazando las acusaciones de "lawfare" o persecución judicial que esgrimió la defensa.

¿Qué pasará ahora con Cristina?

La expresidenta, de 72 años, deberá iniciar en cinco días el cumplimiento de su condena, aunque podría acceder a prisión domiciliaria, dado su rango etario. Para eso, deberá presentar un pedido formal ante el tribunal que la condenó en primera instancia.

El fallo tiene un fuerte impacto político y redefine el futuro judicial de Cristina, quien queda fuera del escenario electoral de manera definitiva.