

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a quien acusa de haber intervenido indebidamente en el proceso judicial que culminó con el impedimento de salida del país por 18 meses en su contra.
El incidente ocurrió tras el frustrado intento de PPK de viajar a Estados Unidos el sábado 7 de junio, para visitar a su esposa y realizarse exámenes médicos. Aunque no tenía ninguna restricción vigente, Migraciones le impidió abordar el avión, pues aún figuraba una alerta migratoria en su contra.
El premier Eduardo Arana reconoció públicamente que llamó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a la presidenta de la Corte de Lima para indicar que PPK no tenía restricciones para salir del país.
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Además, felicitó a Migraciones por impedir la salida del expresidente, pese a que en ese momento no existía una medida legal vigente en su contra.
Tras estas llamadas, la jueza Margarita Salcedo adelantó la audiencia del pedido fiscal de impedimento de salida, originalmente prevista para el lunes 9 de junio. Finalmente, el domingo 8, se dictó la medida por 18 meses, lo que ha sido interpretado por Kuczynski como un acto de interferencia política.
En su denuncia, PPK acusa a Arana de abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento ilegal de proceso en trámite. También lo señala por presuntas infracciones constitucionales.
“Se ha atentado contra la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, afectando mi derecho a la defensa, al debido proceso y a la libertad de tránsito”, afirma en el documento.
La denuncia fue enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá evaluar su admisión y determinar si procede una investigación.
Paralelamente, el Poder Judicial confirmó que PPK enfrentará juicio oral por presunto lavado de activos vinculado al caso Westfield Capital, empresa que habría recibido pagos encubiertos de Odebrecht entre 2003 y 2014, cuando Kuczynski ocupó cargos públicos.
La defensa del exmandatario intentó archivar el caso alegando que los hechos no configuran delito, pero el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido y validó los cargos de la Fiscalía, que solicita 35 años de prisión.
Una posible ventaja para PPK es que el juez archivó el proceso contra su exsecretaria Gloria Kisic y su exchofer José Luis Bernaola. Con solo dos implicados activos (PPK y Gerardo Sepúlveda), la agravante de organización criminal podría caer.
El abogado Julio Midolo señaló que, legalmente, una organización criminal requiere al menos tres personas. Por ello, espera que el juez archive ese extremo del proceso de oficio.