

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, anunció que el Gabinete no realizará más pronunciamientos sobre las cirugías plásticas a las que se sometió la presidenta Dina Boluarte en 2023 sin informar al Congreso. “Ya mencionamos que no vamos a pronunciarnos sobre este tema porque estamos abocados en implementar la política pública”, señaló.
Mientras tanto, la polémica crece en el ámbito político. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció que propondrá la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente ante indicios de “comportamiento impropio” de la mandataria.
El caso escaló luego de que el cirujano plástico Mario Cabani exigiera públicamente que Boluarte reconozca las cirugías a las que se sometió —rinoplastia, septoplastia, blefaroplastia, relleno facial y colocación de hilos tensores—, con anestesia general y hospitalización. Cabani denunció que la presidenta “ha trastocado la realidad” y advirtió iniciar acciones legales por difamación si no se rectifica.
El pago de la cirugía, según la carta notarial, fue realizado en abril de 2025 por el abogado de Boluarte tras varios intentos de cobro.
Además del caso de las cirugías, el Congreso investiga el llamado “caso cofre”, en el que Boluarte estaría implicada en facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, exlíder de Perú Libre, por presuntos delitos como peculado, abuso de autoridad y encubrimiento.
La Fiscalía también indaga un posible abandono de cargo por parte de la presidenta, ya que no informó al Congreso sobre su ausencia, un requisito que debe cumplir al no contar con vicepresidentes.
El caso continúa siendo uno de los focos de tensión política más importantes del país, mientras el Ejecutivo intenta centrar su gestión en otras prioridades y el Congreso mantiene la presión para esclarecer los hechos.