La Fiscalía de la Nación ejecutó este jueves un allanamiento a la vivienda de Michael Burga, hijo de Nilo Burga, fallecido dueño de la cuestionada empresa Frigoinca, implicada en presuntas irregularidades en contratos con el programa Qali Warma.

El operativo se realizó en el quinto piso de un edificio en Jesús María, además de otros 16 inmuebles ubicados en Lima. La intervención fue liderada por el fiscal Reynaldo Abia, con apoyo de agentes de la Policía Nacional del Perú y del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco).

¿Qué se investiga en el caso Qali Warma?

Michael Burga y otros investigados son señalados por la Fiscalía de integrar una presunta organización criminal que habría manipulado licitaciones y coordinado reuniones irregulares con funcionarios del Estado para favorecer a Frigoinca en la entrega de alimentos del programa social Qali Warma.

Según el fiscal Abia, Burga habría tenido conocimiento de encuentros entre empleados de Frigoinca y representantes del programa, en momentos en que Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y Fredy Hinojosa, hoy vocero presidencial, dirigía Qali Warma.

"Michael Burga es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio", precisó el Ministerio Público.

Seis de ocho involucrados fueron detenidos

Durante el operativo, seis de los ocho implicados con órdenes de detención preliminar fueron ubicados y arrestados.

“El señor [Burga] está colaborando y ha indicado que seguirá colaborando. Incluso ha asistido a diligencias”, dijo el fiscal Abia.

El representante del Ministerio Público indicó que entre los detenidos figuran trabajadores de Frigoinca y funcionarios públicos, algunos todavía en funciones.

Además, ya existen cinco personas con prisión preventiva por 36 meses, y se evaluará solicitar la misma medida coercitiva contra los nuevos detenidos, previo paso por exámenes y diligencias legales.

Conservas no aptas: el origen del escándalo

El caso Qali Warma-Frigoinca se hizo público tras las denuncias de padres de familia en diversas regiones del país, quienes alertaron que las conservas alimenticias entregadas a escolares no estaban aptas para el consumo humano.

Esto derivó en una serie de investigaciones que hoy apuntan a una red de corrupción entre privados y funcionarios públicos, con ramificaciones que podrían llegar hasta el más alto nivel del Gobierno.