

El expresidente Martín Vizcarra advirtió que podrían producirse protestas masivas si el Estado peruano no respeta un eventual fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le permita postular a la Presidencia pese a su inhabilitación.
“Estoy seguro que ahí sí habría un levantamiento de mucha gente. En todo el Perú que estoy recorriendo, hay un respaldo muy grande a una opción presidencial”, afirmó.
Vizcarra responsabilizó al Congreso de provocar enfrentamientos sociales con decisiones que, según él, afectan la democracia. Recordó las protestas que dejaron dos muertos en 2020:
“No quiero provocar una confrontación, pero es necesario defender la democracia. Lo que yo quiero es que finalmente la población defina”.
Las declaraciones han generado rechazo de diversas figuras políticas. El excongresista Víctor Andrés García Belaunde lo acusó de promover la violencia:
“La política no está para fomentar ni incentivar la violencia. Si convierte su palabra violenta en un hecho violento, enfrentará consecuencias legales, como Antauro Humala”.
El constitucionalista Luis Lamas precisó que la única entidad que podría habilitar a Vizcarra a participar en elecciones es la CIDH, y advirtió que no hay atajos legales internos para revertir su inhabilitación.
A pesar de estar inhabilitado por 10 años y bajo varias investigaciones, Vizcarra insiste en postular. La Fiscalía lo investiga por presuntos sobornos superiores a S/2 millones durante su gestión como gobernador de Moquegua, vinculados al caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional.
El Ministerio Público evalúa agilizar audiencias ya que el impedimento de salida del país vence el 4 de julio, y no descarta pedir hasta 15 años de prisión por cohecho.
Vizcarra también generó polémica al decir que, de llegar al poder, evaluaría indultar a expresidentes como Pedro Castillo, a quien considera víctima de un encarcelamiento “injusto”.
“No me parece una mala idea dar una amnistía para que trabajemos todos juntos”, dijo, aunque aclaró que no incluiría a Alejandro Toledo.
Estas declaraciones fueron calificadas como “un cálculo político” por García Belaunde, quien cuestionó la intención detrás de esta propuesta.