El Décimo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra su destitución, luego de que la JNJ dejara sin efecto la sanción disciplinaria en plena tramitación judicial. El fallo se basa en la figura legal de “sustracción de la materia”, al considerar que el motivo del litigio ya no existe.

La propia Benavides notificó al juzgado la resolución administrativa que anuló su sanción, solicitando que se tenga en cuenta al momento de emitir sentencia. La jueza Ana Osorio Sosa determinó que, al haberse declarado la nulidad de la resolución disciplinaria, el proceso perdía sentido jurídico.

“La resolución materia de controversia ya no surte sus efectos al haberse declarado su nulidad. Esto constituye la satisfacción, en sede administrativa, de lo pretendido en su demanda”, señala la sentencia.

 Fiscalía investiga posible avocamiento ilegal

El hecho de que la JNJ actuara mientras el caso estaba judicializado ha generado suspicacias. La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha solicitado y recibido copias certificadas del expediente judicial como parte de la investigación preliminar contra seis consejeros que votaron por la anulación de la destitución.

Los investigados son: Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo. El único que se abstuvo fue Francisco Távara, quien advirtió que el caso ya estaba en manos del Poder Judicial.

El posible delito de avocamiento ilegal —tipificado en el Código Penal peruano— sanciona a la autoridad que interviene sabiendo que el caso está judicializado, con pena privativa de hasta dos años de prisión e inhabilitación.

 Coincidencias y contexto

Llama la atención que la jueza Osorio Sosa es la misma que anteriormente rechazó un habeas corpus de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la Policía Nacional del Perú. No obstante, no hay evidencia de direccionamiento, ya que la asignación de expedientes en los juzgados constitucionales de Lima es aleatoria.

Además, Espinoza también investiga a los consejeros por una denuncia de reglaje político, formulada por el consejero Távara, lo que añade un nuevo frente al ya complejo conflicto institucional.