En una nueva jugada política que favorece a la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Gobierno de Dina Boluarte volvió a omitir de manera deliberada a Delia Espinoza, quien sigue siendo la fiscal de la Nación legítima, en un documento oficial del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

El hecho ocurrió previo a la sesión del Conasec prevista para el lunes 23 de junio, que fue suspendida abruptamente con un oficio enviado el sábado 21 por "motivos de fuerza mayor". Lo curioso es que, en el documento firmado por el secretario técnico del Conasec por encargo del premier Eduardo Arana, se menciona por nombre y cargo a todos los funcionarios convocados... excepto a la titular del Ministerio Público. En su lugar, se colocó simplemente la denominación “fiscal de la Nación”, omitiendo el nombre de Delia Espinoza, cuya designación sigue vigente.

Para el gobernador de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Koky Noriega, esta omisión no es casual. “Con ese documento ya tenemos una posición clara del Ejecutivo”, alertó en Canal N. Noriega sospecha que el verdadero "motivo de fuerza mayor" detrás de la suspensión de la sesión es la crisis provocada por la cuestionada resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que busca reinstalar a Benavides pese a su suspensión.

“Sin la fiscal de la Nación, esa sesión queda vacía de legalidad. La Fiscalía representa el derecho de los ciudadanos”, subrayó Noriega.

La PNP se contradice y protege a ambas fiscales

El otro frente de esta disputa lo protagoniza la Policía Nacional del Perú (PNP), que el 15 de junio emitió una directiva para brindar “resguardo urgente” a Patricia Benavides, tratándola como fiscal de la Nación. La orden se basó en la resolución de la JNJ que impulsa su restitución.

Este documento, firmado por el Comando de Operaciones Policiales, fue interpretado como un reconocimiento tácito de Benavides como titular del Ministerio Público, generando un escándalo institucional.

No obstante, el 22 de junio, la PNP reculó y emitió un comunicado aclarando que no reconoce oficialmente a Benavides como fiscal de la Nación. Según la institución, la protección fue una medida administrativa ante una solicitud respaldada por una resolución legal, y afirmó que actualmente brinda seguridad tanto a Benavides como a Espinoza.

“No puede prevalecer la pugna de intereses sobre el orden constitucional. El Perú necesita unidad y compromiso para enfrentar la criminalidad”, concluye el comunicado policial.

Una Fiscalía en disputa y un país en vilo

La tensión escaló luego del intento de Benavides por retomar su cargo el pasado 16 de junio, calificado por Espinoza como un “golpe a la democracia”. En respuesta, Espinoza presentó una demanda de amparo contra la JNJ, mientras que Benavides insiste en su restitución y anunció que volverá a presentarse en el Ministerio Público este 23 de junio.

El caso revela una preocupante fractura institucional y pone al Ejecutivo en la mira por su ambigüedad funcional, que en los hechos parece legitimar el retorno de Patricia Benavides, pese al rechazo del sistema fiscal vigente.