El Poder Judicial dispuso este miércoles la suspensión por 24 meses de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación, en el marco de una investigación por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado.

La decisión, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a pedido del Ministerio Público, marca un punto de quiebre en la crisis entre esta institución y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ayer, la JNJ había anunciado que activaría un procedimiento de ejecución forzosa para reponer a Benavides, medida que ahora queda sin efecto por la orden judicial.

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La solicitud de suspensión fue presentada por la actual Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, luego de que la JNJ dispusiera el retorno de Benavides al cargo el pasado 13 de junio, desatando un conflicto institucional sin precedentes.

Aunque Espinoza había solicitado 36 meses de suspensión, el juzgado declaró fundado en parte el pedido, fijando un plazo de 24 meses, al considerar el tiempo proporcional desde el inicio de la investigación en junio de 2024.

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Según la resolución judicial, existen sospechas fundadas de que Patricia Benavides habría usado su cargo para interferir en las investigaciones del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, presuntamente en beneficio del abogado José Luis Castillo Alva y su entorno.

A través de sus redes sociales, el Poder Judicial informó que Benavides “estaría vinculada a hechos graves que siguen bajo investigación”, y que podría afectar la administración de justicia y la objetividad del Ministerio Público si continuara en funciones.

Choque entre la JNJ y el Ministerio Público

Horas antes del fallo judicial, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, había acusado a Espinoza de desobedecer el orden jurídico al no cumplir con la resolución de reposición. Ríos advirtió que se usaría incluso la intervención policial para ejecutar la medida.

Por su parte, el abogado de Espinoza, Luciano López, calificó esta intención como irregular, al tratarse de una resolución administrativa no consentida y con recursos aún en trámite. Afirmó que una intervención sin orden judicial sería ilegal.

Cabe recordar que Patricia Benavides fue destituida en diciembre de 2024 por presuntos actos de corrupción. La semana pasada intentó retornar a su cargo sin éxito, lo que llevó a Espinoza a denunciarla por usurpación de funciones y acusarla de intentar un "golpe de Estado" en el Ministerio Público.