El Poder Judicial declaró infundado el pedido del Ministerio Público que buscaba imponer prisión preventiva por seis meses al expresidente Martín Vizcarra. La solicitud fue presentada en el marco del proceso que se le sigue por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

El juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, explicó que Vizcarra "debe tener medidas cautelares, pero estas deben ser menos gravosas".

El exmandatario (2018-2020) es investigado por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio. Según la acusación fiscal, habría recibido S/ 2,3 millones en sobornos de constructoras a cambio de la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida rehuir de la justicia"

Durante la audiencia, el magistrado argumentó que "no se verifica el grado de intensidad necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva". Además, indicó que, aunque Vizcarra posee arraigo familiar y domiciliario, "no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida rehuir de la justicia".

El juez recordó que para dictar una prisión preventiva se requiere un grado de sospecha grave, algo que, según sostuvo, no fue demostrado por el Ministerio Público. Asimismo, precisó que los indicios presentados resultaron "insuficientes" para probar un riesgo de fuga por parte del exgobernador.

Finalmente, Alcocer dispuso comparecencia con restricciones y dictó impedimento de salida del país por seis meses, contados desde el 5 de julio. Entre las restricciones impuestas figuran la prohibición de acudir a sedes diplomáticas, evitar comunicación con representantes diplomáticos, el control biométrico mensual y la presentación de un informe de actividades cada 30 días.

Por otro lado, el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, anunció que apelará la resolución. La Fiscalía argumentó que el impedimento de salida vigente estaba próximo a vencer y consideró necesario asegurar la presencia de Vizcarra para el juicio oral, que comenzó en octubre de 2024.