El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, declaró que el Perú no puede rechazar el ingreso de delincuentes extranjeros condenados en otros países si así lo disponen los tratados internacionales suscritos. Esto ha desatado críticas en sectores políticos y jurídicos, que cuestionan la constitucionalidad y viabilidad de la propuesta, especialmente por el grave hacinamiento carcelario que enfrenta el país.

“Existen convenios internacionales que obligan al Perú a aceptar ciertos traslados penitenciarios si se cumplen condiciones específicas”, explicó el ministro en una entrevista con Canal N.

¿De qué trata la propuesta?

Según Alcántara, se trata de extradiciones pasivas y no del retorno de ciudadanos peruanos. La medida permitiría que extranjeros sin arraigo en otros países pidan cumplir sus condenas en cárceles peruanas, si así lo establece un acuerdo bilateral o multilateral vigente.

“El Perú no se puede negar, si se cumplen los requisitos y el pedido llega formalmente”, señaló.

El titular de Justicia precisó que esta iniciativa no se implementaría de forma masiva ni inmediata, sino que se analizaría caso por caso bajo criterios legales estrictos.

¿Aumentará el hacinamiento en las cárceles peruanas?

Uno de los principales cuestionamientos es el impacto que tendría esta medida en un sistema penitenciario saturado, con más del 130 % de hacinamiento y ningún penal nuevo desde 2015.

Al respecto, el ministro reconoció la crítica situación carcelaria del país y sostuvo que el gobierno trabaja en reactivar proyectos paralizados desde 2019, con el fin de mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad penitenciaria.

“Desde 2015 no se construye un solo penal en el Perú. Eso debe cambiar”, dijo Alcántara.

También aseguró que el ingreso de reos extranjeros sería reducido y supervisado, por lo que no agravaría significativamente el hacinamiento.

¿Qué dice la ley sobre recibir presos del extranjero?

El Perú está suscrito a múltiples tratados internacionales de cooperación judicial, que permiten tanto la extradición activa como pasiva. En el caso de la extradición pasiva, se contempla que un extranjero condenado en otro país pueda cumplir su pena en el Perú, si existen las condiciones jurídicas y humanitarias para ello.

No obstante, juristas y penalistas advierten que esta política debe ser evaluada con extremo cuidado. Podría afectar el principio de reinserción social, generar tensiones diplomáticas y presionar aún más la ya limitada capacidad penitenciaria del país.

Una estrategia polémica contra la inseguridad

El ministro Alcántara enmarcó esta propuesta dentro de una estrategia nacional contra la criminalidad, que incluye medidas impopulares pero necesarias, según dijo. “No se puede descartar ninguna alternativa que ayude a combatir la inseguridad ciudadana”, enfatizó.

Pese a las críticas, el ministro insiste en que el enfoque debe ser legal, gradual y dentro del marco internacional, mientras se trabaja paralelamente en mejorar el sistema penitenciario y reducir la reincidencia criminal.