

La dirigente sindical Emely Silva Uriarte, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRAPARL), denunció ser víctima de acoso, amenazas y represalias por parte de funcionarios vinculados a la actual administración del Parlamento, encabezada por Eduardo Salhuana. La denuncia fue revelada en un reportaje de Epicentro TV.
Silva señaló directamente al secretario técnico de la Oficialía Mayor, Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, por presuntas amenazas verbales tras reclamar por compras irregulares y presuntas designaciones sin sustento. “Yo podría correr la misma suerte que Andrea Vidal”, dijo en referencia a la trabajadora del Congreso asesinada en circunstancias aún no esclarecidas.
“Si algo me pasa, hago responsable al Congreso y a quienes están detrás de estas represalias”, advirtió Silva.
Uno de los hechos más graves denunciados por SITRAPARL es la adquisición de más de 13 millones de dólares para habilitar ambientes con miras al retorno a la bicameralidad, sin contar con una justificación técnica clara ni transparencia hacia los trabajadores.
También se cuestionó el nombramiento de Yesenia Lozano, supuestamente ligada políticamente a César Acuña, como jefa de una oficina recientemente creada: el Centro de Modalidades Formativas del Congreso.
Lejos de responder a las denuncias, la Oficialía Mayor inició procesos disciplinarios contra dirigentes sindicales, incluido Silva, por supuestas expresiones “difamatorias” en una carta enviada al congresista Alex Paredes. La denuncia fue presentada por Juan Carlos Bernal, jefe de Servicios Generales del Congreso y cercano a la Mesa Directiva.
“Es una cacería de brujas. Denunciamos irregularidades y ahora nos quieren sancionar”, afirmó Silva.
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó el pasado 18 de junio a Giovanni Forno y otros funcionarios para dar explicaciones sobre estas acciones, pero hasta ahora no han respondido ni acudido a la citación, lo que aumenta las sospechas de encubrimiento.
“No hay transparencia. No sabemos qué se está haciendo con el dinero público ni quién toma las decisiones”, alertó la dirigente. Además, denunció violencia de género ante el Ministerio Público y manifestó temor tanto por su empleo como por su integridad física.