

La muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán, representa un golpe para el proceso judicial del caso Lava Jato, según advirtió el abogado penalista Andy Carrión. En declaraciones a La Rotativa del Aire, el especialista señaló que Castro no había sido reconocido formalmente como colaborador eficaz, por lo que sus testimonios no podrán ser considerados válidos como parte de un acuerdo judicial.
“Él estaba incurso en un procedimiento de colaboración eficaz, pero no había una resolución judicial que lo reconociera oficialmente”, indicó Carrión. Esto implica que sus declaraciones no tienen valor procesal como parte de dicho mecanismo legal.
Según explicó el abogado, para que un testimonio como colaborador eficaz pueda ser utilizado por la Fiscalía, debe haber una resolución judicial de homologación, es decir, que un juez apruebe formalmente el acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado.
“Lamentablemente, esas declaraciones en el marco de la colaboración eficaz no van a poder ser usadas porque no hay una resolución judicial”, sostuvo Carrión.
Aunque los testimonios como colaborador eficaz quedarán archivados, sí podrán ser usados aquellos que brindó como imputado o acusado, aseguró el experto. Esto significa que parte de las confesiones de Castro sí podrán ser valoradas por el tribunal durante el juicio oral.
“Lo que sí va a poder hacer la Fiscalía es usar las declaraciones que él ha vertido en el marco de la propia investigación”, afirmó Carrión. “Los jueces pueden eventualmente valorar esas declaraciones”.
José Miguel Castro enfrentaba cargos por su presunta participación en una organización criminal que habría recibido más de 10 millones de dólares en aportes ilícitos de Odebrecht y OAS, para financiar campañas políticas vinculadas a Susana Villarán, incluida la del “No a la revocatoria” y su posterior reelección en 2014.
Con su fallecimiento, el procedimiento de colaboración eficaz queda cerrado automáticamente. “Todo lo que él haya declarado en ese contexto será archivado, ya que no llegó a concretarse judicialmente”, explicó Carrión.
El juicio oral por el caso Lava Jato en el que están implicados Castro y Villarán está previsto para iniciar el 23 de septiembre. Con este nuevo escenario, la Fiscalía deberá replantear su estrategia probatoria, dado que pierde uno de los posibles testimonios clave como colaborador eficaz.