

La Corte Suprema de Justicia del Perú declaró procedente el pedido de extradición de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, acusado de liderar la organización criminal responsable de la masacre de 13 mineros en Pataz, región La Libertad.
La decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente, que respaldó la solicitud presentada por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy. La resolución señala que los delitos imputados —organización criminal, homicidio calificado, sicariato agravado y lavado de activos— superan los 15 años de pena y no tienen carácter político, cumpliendo así los tratados de cooperación internacional con Colombia.
Rodríguez, también conocido como ‘Gatillo’, nació en Casma (Áncash) y se convirtió en una figura temida en el norte del país. Conocido por su tatuaje de cuchillo en la mano y su breve paso por el Ejército —del que desertó—, forjó un historial delictivo vinculado al sicariato, extorsión, posesión de armas y minería ilegal.
Fue parte de bandas como “Los Chuckys”, conocidos por usar máscaras de terror en sus ataques. Rodríguez acumula 14 investigaciones fiscales activas, al menos dos condenas previas, y se le atribuye una fortuna ilícita de más de 80 millones de soles producto del control de minas ilegales.
El 15 de mayo fue detenido en el barrio Candelaria de Medellín, Colombia, en un operativo internacional coordinado entre la Policía Nacional del Perú, Interpol y autoridades colombianas. Rodríguez fue intervenido en plena vía pública, sin oponer resistencia y mientras manipulaba una mochila ajena.
Según la Fiscalía, Rodríguez sería el cabecilla de una red criminal que asaltó violentamente una bocamina para robar oro. Durante el ataque, murieron 13 trabajadores del campamento minero Poderosa. La fiscal Magdalena Cisterna Burga solicitó 36 meses de prisión preventiva, sustentando delitos como homicidio calificado y sicariato agravado.
En una entrevista emitida por Cuarto Poder, antes de su captura, Rodríguez negó ser responsable de la matanza. Afirmó que el caso fue armado con información errónea y aseguró que el día del crimen se encontraba en Casma, a más de 15 horas del lugar.
“Tengo testigos y videos que prueban mi inocencia. Soy agricultor, no delincuente”, dijo. Añadió que se dedica a la siembra de mango y palta, y que solo se presentará ante la justicia cuando haya garantías.
Tras las declaraciones públicas de la presidenta Dina Boluarte, quien lo señaló como presunto autor intelectual de la masacre, ‘Cuchillo’ envió una carta notarial a Palacio de Gobierno exigiendo rectificación. Su defensa argumentó que en ese momento no existía una orden judicial ni carpeta fiscal formalizada.
“Si la presidenta no se rectifica, interpondremos una querella por difamación agravada”, advirtió su abogado, Kevin Díaz.
Con la decisión de la Corte Suprema, la extradición está en manos de las autoridades colombianas. Mientras tanto, el Perú aguarda la llegada del presunto cabecilla criminal para que rinda cuentas ante la justicia por una de las masacres más brutales relacionadas con mafias mineras en la historia reciente del país.