Ante la ola de asesinatos y atentados vinculados a mafias de extorsión, diversos gremios del transporte público en Perú convocaron un paro nacional para el 24 y 25 de julio. Sin embargo, en ciudades como Lima y Callao, la medida no fue acatada por la mayoría de conductores, y el servicio se mantuvo operativo, aunque con fuertes medidas de seguridad.
Pese al bajo impacto inicial, los gremios aseguran que el descontento sigue en aumento y han confirmado una nueva paralización para el domingo 27 y lunes 28 de julio, coincidiendo con Fiestas Patrias.
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, anunció que la nueva protesta busca visibilizar no solo el drama de los conductores extorsionados, sino también el dolor de los familiares de personas fallecidas durante las protestas de 2022 y 2023.
“Vamos a hacer el levantamiento popular contra el Gobierno actual. No tenemos nada que celebrar el 28 y 29, estamos de duelo. Pedimos la derogatoria de todas las leyes y que se vayan todos, incluida la señora Dina Boluarte”, afirmó.
Campos también denunció presiones internas dentro del gremio:
“Porque te amenaza el dueño de la empresa o el dirigente afín al Gobierno, uno no puede seguir siendo otra víctima más del sicariato. Más vale parar, movilizarse y ser escuchado, que ser asesinado”.
El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que ya se están coordinando planes para garantizar la seguridad durante las marchas de este fin de semana.
“Estamos capacitando a nuestro personal para garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos en este mes patrio”, aseguró.
El transporte urbano enfrenta una situación crítica. De acuerdo con Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, el sector desembolsa más de S/10 millones mensuales en pagos por extorsión a organizaciones criminales.
“Hay empresas que pagan entre S/48 mil y S/60 mil mensuales, muchas veces en cuotas”, explicó. Si se estima un promedio de S/30 mil por cada una de las 350 empresas afectadas, el monto mensual supera ampliamente los S/10 millones.
Además, existen montos no reportados oficialmente, lo que podría elevar aún más la cifra real.
Si bien el paro anterior no tuvo impacto, la concentración del malestar social y la inseguridad creciente hacen prever que el anunciado paro y movilización del 27 y 28 de julio podría tener mayor eco, especialmente en regiones golpeadas por la violencia criminal y la ausencia de respuesta estatal.