La Fiscalía de la Nación presentó este viernes una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y 24 parlamentarios, a quienes acusa de integrar una red criminal dedicada a negociar votos en el Congreso a cambio de contratos públicos.

Según el documento del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la red habría operado entre ministerios clave y entidades estatales, bajo el liderazgo del expresidente Castillo Terrones.

LEÉ TAMBIÉN:

¿Prisión para Vizcarra? Poder Judicial evalúa detención por 6 meses

La denuncia constitucional involucra a:

• 15 congresistas de Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’

• 9 legisladores de Perú Libre y el extinto Bloque Magisterial

• Exministros como:

  • Juan Silva, prófugo exministro de Transportes

  • Jorge Luis Prado, exministro de la Producción

  • Betssy Chávez, ex jefa del Gabinete y exministra de Trabajo

¿Cómo operaba la supuesta red?

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el grupo ofrecía obras públicas, licitaciones y cargos en el Estado a cambio de respaldo parlamentario. Los principales ministerios involucrados serían:

• Transportes y Comunicaciones

• Vivienda, Construcción y Saneamiento

• Producción

Además de organismos descentralizados como:

• Migraciones

• Policía Nacional

• ENAPU (Empresa Nacional de Puertos)

Los delitos imputados incluyen:

• Organización criminal

• Tráfico de influencias

• Colusión agravada

• Negociación incompatible

Castillo y Chávez enfrentan penas de hasta 34 y 25 años

Este nuevo caso se suma a las investigaciones que llevaron a Pedro Castillo a enfrentar su destitución el 7 de diciembre de 2022, luego de su fallido intento de cerrar el Congreso y dar un golpe de Estado.

Ese mismo día fue reemplazado por Dina Boluarte, entonces vicepresidenta.

Actualmente, Castillo afronta una acusación por rebelión, por la que la Fiscalía solicita 34 años de prisión, mientras que para Betssy Chávez pide 25 años de cárcel por su implicación en los mismos hechos.