Un grupo de simpatizantes de Jair Bolsonaro realizó este domingo una caravana en Brasilia, en apoyo al expresidente brasileño frente al juicio por intento de golpe de Estado que enfrenta en la Corte Suprema de Brasil.

Los manifestantes circularon en sus vehículos alrededor de la Explanada de los Ministerios, el centro político de la capital, mientras hacían sonar sus bocinas para mostrar respaldo a Bolsonaro. Esta movilización es previa a la convocatoria nacional prevista para el 3 de agosto, cuando se esperan protestas masivas en las principales ciudades brasileñas.

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El juicio contra Bolsonaro

Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, lleva su segundo fin de semana bajo arresto domiciliario, cumpliendo medidas cautelares impuestas por el Supremo para evitar que obstruya el proceso judicial. Entre las restricciones están el uso de tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, hablar con otros investigados y acercarse a embajadas o consulados.

El expresidente y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, son investigados por presuntamente intentar instigar y buscar apoyo del Gobierno de Estados Unidos para sancionar a los jueces del Supremo y torpedear el juicio.

Eduardo Bolsonaro, actualmente en EE.UU., ha admitido reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para buscar ayuda.

Tensión con Estados Unidos

El pasado 9 de julio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un arancel del 50% para productos brasileños a partir del 1 de agosto, citando una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro y exigiendo el fin inmediato del juicio. Además, revocó visados a ocho magistrados del Supremo brasileño, escalando la crisis diplomática.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó estas intromisiones, calificándolas de “chantaje inaceptable” y mantuvo disposición para negociar la agenda comercial bilateral, pero defendió la independencia judicial.

La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar un complot golpista para anular las elecciones de 2022, impedir la investidura de Lula y mantenerse en el poder, enfrentando una posible pena de hasta 40 años de prisión.