El Poder Judicial del Perú suspendió el pago de S/239 674 a favor de la presidenta Dina Boluarte, correspondiente a una demanda laboral que interpuso en 2020 contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Así lo reveló un reportaje del programa Panorama.

La suspensión fue dispuesta el pasado 30 de abril por el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, tras la casación interpuesta por Reniec. El pago quedará en espera hasta que el caso sea resuelto en última instancia.

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En la demanda original, Boluarte exigía una indemnización de S/428 mil por conceptos como refrigerio, transporte, aguinaldos, bono de cierre de pliego, uniforme y canasta navideña.

En mayo de 2022, el PJ falló parcialmente a favor de la mandataria y reconoció el derecho al cobro de S/239 mil por beneficios laborales acumulados durante su tiempo en Reniec.

MEF reconoció error en inclusión de pago

A inicios de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó a Dina Boluarte en un listado priorizado de sentencias judiciales para su pago. Sin embargo, Reniec se opuso, señalando que:

• Existían otros trabajadores con prioridad en la lista.

• El proceso judicial aún no había concluido por estar en etapa de casación.

Posteriormente, un oficio del MEF —fechado en abril— admitió que fue un error incluir el expediente de Boluarte en dicho listado.

“El Expediente N° 09602-2020-0-1801 (...) no se encuentra en el ámbito de aplicación del proceso de priorización de sentencias judiciales”, detalla el documento expuesto por Panorama.

Boluarte pidió ejecución anticipada

A pesar de que el caso sigue en litigio, la presidenta solicitó la ejecución anticipada de la sentencia, intentando asegurar el pago antes del fallo final. No obstante, deberá esperar hasta que el Poder Judicial resuelva la casación presentada por Reniec.

MEF niega presiones para pago a Boluarte

Tras la emisión del reportaje, el MEF negó haber ejercido presión sobre Reniec para priorizar el pago a la jefa de Estado:

“Las acciones adoptadas responden exclusivamente a un análisis técnico y legal (...) sin injerencias ajenas a lo establecido por ley”, aseguró el ministerio.