La presidenta Dina Boluarte afirmó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspende las investigaciones en su contra mientras ejerza funciones, representa un “legado de su gobierno para la democracia”. La declaración se dio durante una actividad pública de la Sunafil, donde también participó el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

“Hasta el 28 de julio del año 2026 dejaremos un legado de trabajo honesto, en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, aseguró Boluarte.

El TC resolvió a favor del Ejecutivo una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, precisando los alcances del artículo 117 de la Constitución del Perú. Esta norma establece que el o la presidenta solo puede ser acusada durante su mandato por traición a la patria, cierre inconstitucional del Congreso o por impedir el funcionamiento de organismos electorales.

Investigaciones quedan suspendidas

Con este fallo, todas las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte quedan suspendidas hasta el final de su gobierno. Esto incluye los casos seguidos por la Fiscalía de la Nación y las denuncias presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Boluarte aprovechó su intervención para referirse también al paro de transportistas del 21 de agosto, que no tuvo gran acogida. Agradeció a los trabajadores que no se sumaron y criticó a sectores que, según dijo, buscan generar caos.

“El legado es haber recuperado al Perú y volver a ponerlo en vitrina ante el mundo, superando crisis creadas por quienes solo quieren anarquía”, añadió.

Premier pide sanción a fiscales y policías por Rolexgate

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, exigió que se apliquen sanciones disciplinarias a los fiscales y agentes policiales que participaron en el allanamiento a la casa de Dina Boluarte, en el marco de la investigación conocida como Rolexgate.

La intervención judicial se realizó antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, lo que —según Arana— representó una vulneración a la inmunidad presidencial establecida por la Carta Magna.

“Corresponde a las instancias del Ministerio Público y de la Policía evaluar sanciones. Lo ocurrido fue un acto irregular que violentó la legalidad”, afirmó.

El premier subrayó que ninguna diligencia puede estar por encima de lo establecido por el TC, y que actuar al margen de estos parámetros afecta la institucionalidad del Estado y el respeto a la figura presidencial.