En una conferencia de prensa este viernes, la fiscal de la Nación Delia Espinoza se pronunció sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional  (TC), que dispuso suspender las investigaciones fiscales contra la presidenta de la República mientras dure su mandato, en base al artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

La titular del Ministerio Público aclaró que el fallo del TC no prohíbe investigar, sino que establece pautas y limitaciones sobre cómo deben realizarse las diligencias.

“El TC no nos ha dicho ‘no investiguen’. Nos ha dicho ‘sigan investigando, cuidando la dignidad presidencial’”, afirmó Espinoza.

Investigaciones suspendidas, pero no cerradas

Espinoza detalló que el fallo del TC implica la suspensión de tres investigaciones ya iniciadas contra la mandataria, relacionadas con:

• Presunta organización criminal, en la que están involucrados su hermano y el abogado Mateo Castañeda.

• El caso de las protestas sociales.

• El llamado caso Rolex.

Estas investigaciones ya habían dado lugar a denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso, pero ahora quedarán en pausa hasta el fin del mandato presidencial.

El Ministerio Público seguirá con su función

La fiscal subrayó que el TC ha sido cuidadoso en no vulnerar la autonomía del Ministerio Público, y que las diligencias preliminares sí pueden continuar, siempre que no se afecte la investidura presidencial.

“Terminamos nuestras diligencias, suspendemos. Si es que hay caso, ya no lo vamos a remitir al Congreso. Pero no vamos a dejar de investigar”, puntualizó.

También explicó que el fallo menciona que se podrán hacer acciones como:

• Tomar declaraciones

• Pedir información

• Solicitar pruebas documentales

Pero siempre bajo criterios de respeto a la dignidad del cargo.

Compromiso con la lucha anticorrupción

Espinoza recordó que el Estado peruano está comprometido con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por lo que dejar de investigar sería violar tanto la Constitución como tratados internacionales.

“No se puede dejar de investigar los presuntos delitos de corrupción. Sería una infracción constitucional”, concluyó.