El debate sobre una posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sigue generando tensiones en el Ejecutivo. Aunque la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, han expresado respaldo a esta opción, no existe una posición unánime en el Consejo de Ministros.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, declaró que la decisión aún no está definida y que existen posiciones encontradas dentro del gabinete. “Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la corte, pero hay ministros que sí creen. Al final el Ejecutivo tomará su decisión”, sostuvo.

El proceso para salir de la Corte IDH

Según los tratados internacionales, para que el Perú abandone la Corte IDH el Gobierno debe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos ante la OEA. Este procedimiento entra en vigencia un año después de la notificación oficial, tiempo en el cual el país seguiría bajo la jurisdicción de la Corte.

Si la motivación política detrás de la salida es ampliar la pena de muerte, el Congreso tendría que reformar la Constitución. Esto requiere la aprobación en dos legislaturas consecutivas con mayoría calificada. Tras la reforma, se necesitarían leyes específicas que regulen la aplicación de la pena capital, lo que podría extender el proceso entre dos y tres años en total.

El antecedente con Fujimori

El Perú ya intentó salir de la Corte IDH en 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Pese a que se enviaron notas diplomáticas a la OEA y el Congreso aprobó la medida, la Corte reafirmó que los Estados no pueden retirarse de su jurisdicción una vez reconocida. Ese mismo año, los casos Ivcher y Tribunal Constitucional marcaron un precedente que dejó sin efecto el intento de Fujimori.