El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez, vuelve a estar en el centro de la polémica. Una investigación periodística reveló que, cuando trabajaba en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, el funcionario sostuvo reuniones no oficiales que no fueron registradas en el portal de Transparencia.

De acuerdo con imágenes difundidas por Cuarto Poder, Santivañez abandonaba con frecuencia su oficina en Palacio de Gobierno para trasladarse al restaurante Cordano, en el centro histórico de Lima, donde se reunió de manera “clandestina” al menos en seis ocasiones. En uno de esos encuentros fue captado entregando documentos a un hombre aún no identificado. En otro, se reunió con el abogado Álex Alberto Alaluna Álvarez, y posteriormente se sumó Marco Antonio Palacios Meza, considerado por la Fiscalía parte de una presunta organización criminal liderada por el propio ministro, apodado “Cachetón”.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que Santivañez y sus allegados conformaron un grupo estructurado para cometer delitos contra la administración pública, como colusión, cohecho y encubrimiento, en el marco del caso conocido como Ícaros.

Según un testigo protegido, Palacios Meza —socio en el estudio jurídico del ministro— era su hombre de confianza y habría coordinado contratos millonarios de defensa legal para cinco generales de la Policía Nacional acusados por violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2022. Cada defensa costaba 200 000 soles, sumando un millón en juego.

Para asegurar esas contrataciones, la organización habría manipulado los términos de referencia en la Defensoría del Policía, flexibilizando los requisitos para favorecer a Percy Alberto Tenorio Gamonal, operador de confianza de Santivañez. Incluso, se redujo la experiencia mínima exigida de diez a tres años y se eliminó la necesidad de contar con maestrías en Derecho Penal o Constitucional.

Chats de WhatsApp, atribuidos a Tenorio, reforzarían la tesis fiscal de que existió un esquema para direccionar contratos y cobrar los pagos a través de la empresa INDOMITUS SAC.

Pese a las denuncias, Santivañez mantiene su cargo como ministro de Justicia tras jurar al puesto el pasado 23 de agosto, designado por la presidenta Dina Boluarte.