El Perú podría dar un giro histórico en su relación con los organismos internacionales de derechos humanos. El canciller Elmer Schialer anunció que el Gobierno está evaluando denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significaría un eventual retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Este sistema ya no responde a la realidad del Perú”, declaró Schialer en entrevista con Latina Noticias. Según explicó, se ha creado un grupo de trabajo que revisará los antecedentes, fundamentos y consecuencias de esta decisión. El proceso, dijo, podría tomar entre uno y tres años, y la decisión final recaerá en el Congreso de la República.

El canciller criticó además que las resoluciones del sistema interamericano “carecen de objetividad” y recordó que el informe de la CIDH sobre las protestas de 2022 y 2023 fue “infame y carente de imparcialidad”.

Contexto: tensiones y polémica ley de amnistía

El anuncio coincide con la promulgación de la ley de amnistía para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000, norma cuestionada por organismos internacionales. La Corte IDH incluso había pedido al Perú abstenerse de aplicarla.

Ese mismo día, en Palacio de Gobierno, estuvo presente Juan Rivera Lazo, exjefe del Grupo Colina y condenado por la matanza de Barrios Altos, hecho interpretado como un gesto político frente a la Corte.

Además, la presidenta Dina Boluarte creó un Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional, liderado por el Ministerio de Defensa y con participación de altos mandos militares, encargado de elaborar un proyecto de Ley de Soberanía Nacional en 60 días.

Críticas y riesgos

Especialistas y organizaciones alertaron sobre las consecuencias de este rumbo. El abogado Carlos Rivera calificó como un “craso error” la intención del Ejecutivo, advirtiendo que el país “camina en la misma dirección que Venezuela y Nicaragua”, naciones que abandonaron la Corte IDH.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también expresó su preocupación, señalando que estas medidas debilitan la protección internacional de los derechos humanos y generan un serio desafío legal.

De prosperar la propuesta en el Congreso, el Perú daría un paso decisivo hacia la denuncia de la Convención Americana, alejándose del sistema interamericano y alineándose con países que ya se apartaron de este marco regional.