El fiscal José Domingo Pérez afirmó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional favoreció a Keiko Fujimori y puso en riesgo la lucha contra el lavado de activos. Según su exposición, la decisión que anuló numerosos actos de investigación en el caso conocido como “Cócteles” elimina pasos procesales clave que permiten reconstruir rutas de financiamiento ilícito y acreditar responsabilidades penales.

Pérez explicó que la anulación amplia de diligencias investigativas —incluyendo intervenciones, seguimientos y otras actuaciones probatorias— limita la posibilidad del Ministerio Público de sostener acusaciones complejas en delitos económicos. Para el fiscal, ese vacío procesal no solo afecta a la presente causa, sino que también sienta un precedente que podría beneficiar a otros investigados en casos de alto impacto.

Desde la Fiscalía se sostiene que la normativa y la jurisprudencia deben permitir la preservación de actos probatorios válidos cuando se demuestre su legalidad y pertinencia. En contraste, la anulación masiva, dijo Pérez, equivale a “borrar” el trabajo técnico acumulado y reduce la capacidad de perseguir redes delictivas que blanquean capitales a través de instrumentos electorales y empresas pantalla.

El fiscal pidió también reflexionar sobre las consecuencias institucionales del fallo: advirtió que si tribunales constitucionales anulan investigaciones sin distinguir entre defectos formales y pruebas esenciales, se corre el riesgo de debilitar la eficacia del sistema penal en casos de corrupción y lavado de activos. En su análisis, ese debilitamiento puede traducirse en impunidad y en pérdida de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos económicos.

En respuesta a estas críticas, sectores jurídicos han señalado la necesidad de un debate técnico sobre los límites del control constitucional y la protección de los derechos procesales. Abogados constitucionalistas han planteado que el equilibrio entre garantías individuales y la efectividad de la investigación penal es delicado y exige criterios jurisprudenciales claros para evitar efectos colaterales perjudiciales.

Este episodio reaviva la discusión sobre la relación entre control constitucional y persecución penal en casos de corrupción política. Para los investigadores y fiscales, el desafío ahora es adaptar estrategias que preserven la validez de la evidencia y, al mismo tiempo, respeten los parámetros constitucionales que protegen a las personas frente a eventuales abusos procesales.