El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que César Acuña, en su etapa como gobernador de La Libertad, realizó actos que vulneraron el principio de neutralidad estatal en procesos electorales. La resolución señala que participó activamente en al menos dos eventos promoviendo a su partido, lo cual contraviene la normativa vigente sobre imparcialidad de las autoridades públicas.

En uno de los hechos punibles, Acuña se pronunció en un mitin político donde manifestó respaldo directo a candidatos de su agrupación, utilizando su condición de autoridad para dar un gesto persuasivo a los electores. En otro caso, asistió a un pasacalle con fines claramente partidistas. Ambos actos fueron evaluados por el JNE como contrarios al deber de una autoridad de mantenerse al margen de la campaña política.

El JNE precisó que la mera afiliación a un partido político no constituye en sí misma una infracción. Lo sustancial fue la participación activa de Acuña en actividades proselitistas que ubicaron al Estado al servicio de intereses exclusivos de su agrupación política. En su resolución, el tribunal estableció que la interpretación del principio de neutralidad debe considerar la acción concreta, la finalidad y su efecto sobre la competencia electoral.

Para el organismo, este fallo representa un precedente de observancia obligatoria en la fiscalización de autoridades que ocupan cargos públicos y participan de procesos electorales. Con ello, se busca reforzar la imparcialidad del Estado, la igualdad de condiciones entre candidatos y la integridad del proceso electoral.

La resolución del JNE tiene implicaciones políticas directas, ya que sucede en el contexto de las próximas elecciones generales 2026 y genera un ajuste de responsabilidades sobre el comportamiento de los gobernantes regionales en la fase preelectoral. Además, fortalece el marco institucional de control y sanción en materia de propaganda electoral ilícita.