El Congreso de la República aprobó una ley que establece medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías. La norma fue respaldada por 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, marcando un paso firme en la lucha contra el crimen organizado que afecta al sector transporte.

El dictamen, elaborado por las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes, busca fortalecer la capacidad operativa del Estado para desarticular redes criminales dedicadas al cobro de cupos, amenazas, asesinatos por encargo y lavado de activos.

Entre las principales disposiciones se incluye la creación de un Registro Nacional de Empresas Vulnerables al Crimen Organizado, la posibilidad de intervención temporal en rutas o concesiones donde existan indicios de infiltración delictiva, y el establecimiento de canales seguros de denuncia para los transportistas extorsionados.

Asimismo, la ley dispone medidas de protección integral para las víctimas, con apoyo psicológico, legal y económico, además de un refuerzo en la supervisión financiera para detectar movimientos sospechosos vinculados al lavado de dinero procedente de estas mafias.

La congresista Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, destacó que la medida responde al aumento de la violencia contra conductores y empresarios del transporte. “Era necesario un marco legal que permita actuar con rapidez y contundencia frente a estas organizaciones criminales que se han infiltrado en el transporte urbano y de carga”, señaló.

Por su parte, el titular de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori, indicó que la ley fue elaborada tras varias mesas de trabajo con transportistas, autoridades policiales y representantes del Ejecutivo, con el objetivo de proteger la seguridad ciudadana y restablecer el orden en un sector altamente vulnerable.

Con esta iniciativa, el Congreso busca reducir los índices de extorsión y sicariato en las principales rutas del país, un problema que se ha intensificado en los últimos años y que ha generado temor entre los transportistas y pasajeros.

La aprobación de esta norma representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en el Perú, en un contexto en el que la extorsión y la inseguridad se han convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.