El brillo de los escenarios en Lima Norte ocultaba un oscuro circuito financiero. Según una investigación revelada por el programa Punto Final, Adam Lucano Cotrina, conocido como “El Jorobado”, lideró una organización criminal que utilizó conciertos y empresas de fachada para lavar más de S/25 millones obtenidos por extorsión y cobro de cupos.
La División contra el Crimen Organizado (DIVINCO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrearon cientos de movimientos bancarios entre 2018 y 2024: depósitos fraccionados, transferencias cruzadas y compras de bienes que no coincidían con la actividad económica declarada.
De acuerdo con los reportes oficiales citados por Punto Final, entre 2018 y 2024, Lucano movió más de S/1.7 millones y US$357 mil desde sus cuentas personales.
Luego, esos fondos fueron canalizados hacia dos empresas de su propiedad: Adán Smith Inversiones y Negocios E.I.R.L. y Serlimax S.A.C., ambas con operaciones en efectivo sin justificación comercial clara.
Cuando el banco solicitó sustentar los ingresos, el cabecilla afirmó que provenían de la venta de cervezas, pero los montos no coincidían con la capacidad de un negocio minorista.
Las investigaciones señalan que los ingresos ilegales se transferían a empresas vinculadas con la organización de conciertos y distribución de bebidas, simulando utilidades generadas por eventos musicales. Entre ellas figuraban A&S Producciones, Texicom SG S.A.C. y SK&J Servicios Generales, esta última dedicada al alquiler de baños portátiles.
Uno de los nexos clave fue Glen Montes Malaber, gerente de la productora Yasmil, quien —según la DIVINCO— actuaba como intermediario entre El Jorobado y reconocidas orquestas como Agua Marina y Chechito y los Cómplices de la Cumbia.
Las bandas eran presionadas para presentarse gratuitamente en los conciertos organizados por la red, lo que permitía blanquear los ingresos obtenidos por venta de entradas y bebidas.
Además, Lucano y Montes registraron la ONG “Asociación Peruano Ayuda a Peruano”, presuntamente usada para ocultar flujos de dinero y evadir impuestos mediante donaciones ficticias.
La lucha por el control del negocio de conciertos derivó en una guerra entre facciones.
Uno de los grupos rivales, dirigido por Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, envió amenazas a promotores y músicos, prohibiéndoles trabajar con la promotora de Lucano.
Desde el penal de Ancón, El Jorobado habría ordenado eliminar a sus antiguos colaboradores, confirmando que el poder criminal seguía operando desde prisión.
La DIVINCO calcula que la red movió más de S/25 millones en seis años, consolidando una estructura financiera basada en lavado de activos, extorsión y evasión tributaria.
El caso ha puesto en evidencia la infiltración del crimen organizado en el sector del entretenimiento, donde el sonido de la música ocultaba el eco del dinero sucio.