De la mano del Congreso, el gobierno de José Jerí promulgó una ley especial para combatir la extorsión que azota a las empresas de transporte urbano, uno de los sectores más golpeados por el crimen organizado y que hoy volvió a convocar un paro nacional.

La norma, publicada en El Peruano, promete un plan integral con capacitaciones, supervisión de pagos digitales y un grupo de intervención policial especializado. Sin embargo, la realidad en las calles es otra: los ataques, amenazas y cobros ilegales persisten, y los transportistas dicen sentirse igual de expuestos que antes.

Capacitaciones con poco impacto
El nuevo marco legal dispone capacitaciones obligatorias para gerentes, propietarios, conductores y cobradores, con la meta de promover una cultura de denuncia. Pero los gremios advierten que capacitar no basta cuando la Policía no puede garantizar protección efectiva ni respuesta rápida ante las denuncias.

Control financiero y extinción de bienes ilícitos
La ley también ordena que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervise pagos sospechosos —como los llamados “cupos”, “vacunas” o “colaboraciones”— a través de cuentas bancarias y billeteras digitales.
Aunque el objetivo es rastrear dinero extorsivo, los especialistas advierten que el crimen organizado ya opera en efectivo o mediante intermediarios, burlando fácilmente los controles.

El nuevo grupo especial (GIES)
La creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) busca ser la medida más contundente. Este cuerpo élite, integrado por agentes de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tendrá autonomía operativa y evaluación permanente.
Pese a ello, varios expertos señalan que sin un plan sostenido de inteligencia y presencia territorial, el GIES podría quedarse solo en el papel.

Fondo de riesgo y programas sociales
El Estado también dispuso un fondo de riesgo y programas de atención psicológica y laboral para las víctimas, financiados con los bienes incautados al crimen organizado. Pero los transportistas reclaman que los ataques no cesan y las rutas siguen siendo zonas de miedo.

El Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica deberá medir los resultados y publicar reportes semestrales. Por ahora, las cifras siguen mostrando una ola criminal que ni las leyes ni las promesas logran detener.