La fiscal suprema Zoraida Ávalos pidió al Poder Judicial revocar la comparecencia con restricciones de la expremier Betssy Chávez y dictarle prisión preventiva, luego de confirmarse que la exfuncionaria obtuvo asilo político en México.

Chávez, quien estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023 por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, recuperó su libertad tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en septiembre de este año. Desde entonces, debía cumplir con reglas de conducta, entre ellas pasar control biométrico semanal y acudir a todas las diligencias judiciales.

Sin embargo, la fiscal Ávalos informó que la ex primera ministra faltó a tres controles biométricos (29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre) y no asistió a cuatro sesiones del juicio oral, lo que constituye —según su despacho— un incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas.

“La prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió su finalidad”, señala Ávalos en su requerimiento.

Día clave para Betssy Chávez

El juez supremo Juan Carlos Checkley fijó la audiencia para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m., donde evaluará el pedido fiscal. Si el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, no se presenta, la defensa pública asumirá su representación.

El proceso contra Pedro Castillo entra a su recta final

En paralelo, la Fiscalía peruana ratificó su solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

En caso de que el tribunal reconsidere los cargos como conspiración, la Fiscalía plantea una pena alternativa de 19 años y 30 días. Este escenario también aplicaría para Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y los oficiales Justo Venero Mellado y Manuel Lozada Morales, quienes afrontan el juicio por su participación en los hechos del 7 de diciembre.

El proceso continuará el viernes 7 de noviembre, con la exposición del pedido de reparación civil de más de S/ 65 millones y los alegatos finales de las defensas.