Una nueva marcha nacional ha sido convocada para el jueves 14 de noviembre en Lima, con el propósito de denunciar la impunidad, la corrupción y la violencia que afectan diversas regiones del país. La movilización dirige sus demandas contra el Congreso de la República, al que los organizadores acusan de mantener leyes que —según sostienen— favorecen al crimen organizado.
La concentración principal se realizará en la Plaza 2 de Mayo, en el Centro de Lima, desde las 17:30 horas, y se espera la participación de ciudadanos de distintos distritos de la capital y de regiones cercanas. Los organizadores han insistido en la importancia de mantener el orden y evitar enfrentamientos durante toda la jornada.
La convocatoria fue confirmada el 8 de noviembre por el investigador Antonio M. Quispe, quien precisó que la marcha no responde a intereses partidarios, sino a una expresión de indignación ciudadana frente a la impunidad que, según dijo, “se ha consolidado en distintos niveles del Estado”.
El mensaje central de la movilización será denunciar la pasividad del Congreso ante el avance de la delincuencia.
“Hoy en el Perú la impunidad tiene nombre y rostro: un Congreso que protege el crimen organizado y se niega a derogar las leyes pro-delincuencia, dejándonos a merced de extorsionadores y sicarios”, afirmó Quispe.
Los organizadores subrayan que se trata de una protesta ciudadana amplia, impulsada por la preocupación ante los asesinatos, extorsiones y ataques que afectan a comerciantes, transportistas y jóvenes en todo el país.
La Plaza 2 de Mayo será el punto de encuentro principal, donde se desplegarán brigadistas para garantizar una movilización pacífica.
“La generación Z no está dormida. Nació en la crisis, creció viendo cómo se robaban su futuro y aprendió que el silencio solo beneficia a los corruptos. Por eso vuelve a marchar”, señala el comunicado del colectivo convocante.
El primer anuncio de la marcha del 14N fue realizado el 25 de octubre por el colectivo Generación Z, que llamó a un paro y movilización nacional en rechazo al Gobierno y en demanda de justicia para las víctimas de la represión policial.
La convocatoria surge en medio del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, cuestionado por organizaciones civiles por restringir el derecho a la protesta pacífica. Además, el paro de transportistas del 4 de noviembre, motivado por asesinatos y extorsiones, refleja la creciente tensión social que alimenta esta nueva jornada de movilización.