El Congreso de la República aprobó por unanimidad una nueva ley que obliga a las empresas prestadoras de agua potable y alcantarillado a devolver lo facturado y otorgar una compensación económica cuando se produzcan cortes injustificados del servicio. La medida busca proteger a millones de usuarios que durante años quedaron sin resarcimiento pese a interrupciones prolongadas que afectaron su salud, economía y vida diaria.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, destacó que la norma responde a una demanda histórica. Según señaló, los usuarios financian con sus recibos las pólizas de seguro de las empresas prestadoras, pero aun así no contaban con mecanismos reales de protección.
“No es aceptable que los usuarios queden sin un resarcimiento justo ante cortes injustificados que afectan su dignidad y su vida cotidiana”, afirmó.

Devolución total del cobro y compensación económica adicional

La legisladora explicó que las pólizas de responsabilidad civil no incluyen coberturas por interrupciones del servicio, pese a que el costo es asumido por la ciudadanía. La norma corrige esta falta e incorpora un mecanismo alineado al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Casos como los ocurridos en Villa María del Triunfo (2012) y San Juan de Lurigancho (2019 y 2021) —donde miles de familias quedaron sin compensación pese a los graves daños— fueron determinantes para impulsar esta reforma.
“Hoy estamos cerrando esa brecha de desprotección”, subrayó Ugarte.

La ley establece que, si la empresa es responsable del corte, deberá:

• Devolver el monto total correspondiente al periodo afectado.

• Pagar una compensación adicional, destinada a cubrir daños materiales, afectaciones no patrimoniales y el costo de oportunidad de buscar agua por otras vías.

Norma se ajusta a estándares internacionales

El mecanismo de compensación sigue modelos aplicados en otros países y en servicios básicos como el suministro eléctrico. Estos sistemas han demostrado eficacia al resarcir daños concretos sin necesidad de procesos judiciales largos.

Ugarte informó que la comisión decidió allanarse al texto del Poder Ejecutivo, lo que garantiza coherencia con la legislación vigente y mayor transparencia en la gestión de los servicios básicos.
“Es un paso firme hacia una gestión más justa y transparente, con un Estado vigilante y comprometido con la protección de los ciudadanos”, concluyó.