El Gobierno promulgó la Ley N.° 32504, que autoriza a miles de trabajadores del Poder Judicial contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a incorporarse progresivamente al régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo 728. La norma fue publicada el 22 de noviembre de 2025 y marca una de las mayores reformas laborales dentro del sistema judicial peruano.

Requisitos para acceder al nuevo régimen

La ley establece que solo podrán incorporarse quienes cumplan las siguientes condiciones:

• Tener contrato CAS a plazo indeterminado vigente al momento de la publicación de la norma.

• Haber ingresado al Poder Judicial mediante concurso público de méritos.

• Ocupar una plaza transitoria con presupuesto sostenible.

Quedan excluidos:

• Trabajadores de proyectos temporales o que realizan funciones de suplencia.

• Personal con cargos de dirección o confianza.

• Aquellos ingresados por contratación directa sin concurso.

• Trabajadores mayores de 70 años.

• Personas con dos o más sanciones firmes.

La Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial emitirá informes técnicos para verificar el cumplimiento de los requisitos. En los casos necesarios, se realizarán concursos de méritos para formalizar el pase al Decreto Legislativo 728.

Implementación: proceso gradual y sin fondos adicionales

El cambio de régimen se desarrollará de manera progresiva durante los próximos cinco años, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el tiempo de servicio de cada trabajador.

El financiamiento se cubrirá con recursos institucionales del Poder Judicial, sin solicitar partidas extra al Tesoro Público. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrá elaborar estudios técnicos para garantizar la sostenibilidad del gasto.

La ley también exonera al Poder Judicial de restricciones previstas en la Ley de Presupuesto 2025 (Ley 32185) para facilitar su implementación.

Nuevos derechos y protección laboral

Con el pase al régimen privado 728, los trabajadores:

• Obtienen protección contra despidos injustificados.

• Acceden a beneficios de la actividad privada, como cálculo de antigüedad y demás derechos laborales.

• Tendrán reconocido el tiempo trabajado bajo CAS, exclusivamente para determinar antigüedad y beneficios vinculados (sin generar pagos retroactivos).

El Poder Judicial, junto al MEF, deberá emitir lineamientos complementarios en un plazo de 60 días hábiles. Además, se formará una comisión con representantes de los trabajadores como veedores, para garantizar transparencia en el proceso.

Cinco años para completar la transición

Desde la entrada en vigor de la ley, el Poder Judicial dispondrá de cinco años para implementar todas las acciones administrativas, supervisar las incorporaciones y emitir normas operativas que permitan una transición ordenada.

La promulgación de la Ley N.º 32504 constituye un paso decisivo para los trabajadores CAS del Poder Judicial, un grupo que históricamente ha demandado mayor estabilidad, mejores derechos laborales y protección frente a despidos en la administración pública.