La expresidenta Dina Boluarte solicitó formalmente al Congreso de la República la activación de su pensión vitalicia y otros beneficios que corresponden a quienes ocuparon la jefatura del Estado, según reveló una investigación del programa Cuarto Poder.

El documento fue dirigido al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, e invoca el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016, que regula apoyos logísticos, personal y asignaciones para exmandatarios.

Pensión mensual podría superar los S/35 mil

Según el dominical, Boluarte busca acceder a una pensión que estaría entre S/26 000 y S/35 000.
El monto final dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y del propio Congreso, pues durante su gestión se aprobó un incremento de la remuneración presidencial de S/15 600 a S/35 568, cifra que serviría como referencia para fijar la pensión.

Solicita vehículo, trabajador CAS y 150 galones de combustible

En su pedido, Boluarte también incluye otros beneficios:

• Vehículo oficial de uso permanente.

• Contratación de un trabajador CAS de libre elección, con sueldo de S/3 700 mensuales.

• Asignación de 150 galones de combustible al mes.

• Continuidad del seguro privado de salud.

¿Puede el Congreso negar la pensión? Lo que dice la ley

El especialista en gestión pública Martín Cabrera Marchán señaló que solo una acusación constitucional aprobada por el Congreso podría suspender los pagos.
Hasta que exista una sentencia judicial definitiva, los beneficios no pueden ser bloqueados.

Procesos fiscales en curso contra Boluarte

La exmandataria enfrenta actualmente múltiples investigaciones del Ministerio Público:

• Muertes en las protestas sociales de 2022 y 2023.

• Presunto uso indebido del vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

• Supuesta intervención para desactivar el equipo policial de apoyo al Eficcop.

• Indagación por omisión de actos funcionales o abandono de cargo, en el caso relacionado con procedimientos quirúrgicos.

En octubre, Boluarte fue destituida tras ser declarada en “permanente incapacidad moral” por su manejo de la seguridad ciudadana.