La controversia sobre la situación legal de Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima, tomó un nuevo rumbo después de declaraciones contradictorias desde el propio Ejecutivo. El presidente José Jerí fue duramente criticado tras sugerir que consideraría ingresar a la sede diplomática mexicana para cumplir la orden judicial de detención contra la ex primera ministra.

Sin embargo, el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, aclaró que el Gobierno no realizará ningún ingreso forzado y que las afirmaciones del mandatario fueron “descontextualizadas”. Según indicó, la postura oficial está alineada con el respeto al derecho internacional y a la inmunidad de las sedes diplomáticas.

“Conocemos que no es posible sustraer del ámbito de una embajada a una persona, por más emotividad o requerimiento de la justicia peruana”, señaló Álvarez. Añadió que Jerí expresó un “sentir ciudadano”, pero no una decisión gubernamental.

La polémica inició por una entrevista concedida a El Comercio, donde el presidente declaró: “No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”. Ante las críticas, moderó su posición en un mensaje publicado en X, afirmando que “siempre consulta y escucha” al equipo ministerial, en especial al canciller Hugo de Zela.

La Cancillería ya había descartado cualquier posibilidad de irrupción. “Ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir”, sostuvo De Zela en diálogo con CNN, en referencia a una acción similar a la ejecutada meses atrás por el gobierno de Ecuador en Quito.

Álvarez reforzó esta posición al asegurar que el Perú es “respetuoso del derecho internacional” y que no quebrantaría la inmunidad diplomática bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, Betssy Chávez permanece en la embajada mexicana, donde solicitó asilo tras ser acusada por el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.