El pronunciamiento del presidente de Transición, José Jerí, sobre el futuro del sistema penitenciario abrió un nuevo conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El mandatario informó que el Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas al Congreso para iniciar un proceso de reestructuración que eliminaría al INPE y lo reemplazaría por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, entidad que asumiría el control de los penales.

La propuesta forma parte del paquete de medidas para reforzar la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad organizada, según detalló el jefe de Estado durante una entrevista televisiva.

Sindicato rechaza reforma y advierte riesgo laboral

El anuncio generó una respuesta inmediata del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, que expresó su rechazo a la posible desaparición de la institución. Sus dirigentes aseguraron que la reforma representa un riesgo directo para la estabilidad laboral de miles de trabajadores y denunciaron que el Gobierno no ha explicado si el personal pasará o no a la nueva entidad.

El secretario general del gremio, Julio César Burga, afirmó que la propuesta podría derivar en despidos masivos y criticó que no se haya instalado una mesa de diálogo. Además, rechazó cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional retomen funciones de control interno en los penales, recordando antecedentes de fallas operativas, ingreso de armas y corrupción durante administraciones pasadas.

Cuestionamientos al sistema de designaciones actuales

El sindicato también cuestionó el modelo de designaciones vigente. Actualmente, el Ministerio de Justicia nombra al presidente del INPE, quien designa a los directores de los 69 penales del país, todos cargos de confianza.

Según el gremio, este sistema ha permitido arbitrariedades, rotaciones irregulares y redes de influencia, por lo que plantean un modelo meritocrático, con concursos públicos y procesos transparentes para evitar que personas sin experiencia terminen al mando de los establecimientos penitenciarios.

Anuncian paralización nacional y posible huelga indefinida

Tras conocerse las declaraciones del presidente, el sindicato convocó una reunión de emergencia. Inicialmente se evaluó un plantón en el Ministerio de Justicia, pero el rechazo interno elevó la medida.

La propuesta con mayor respaldo es una paralización total de labores este miércoles en todos los penales del país. Burga advirtió que, si no hay diálogo con el Ejecutivo o modificaciones al proyecto, el gremio se declarará en huelga nacional indefinida.

Ejecutivo defiende el proyecto ante el Congreso

Mientras se intensificaba la tensión, el ministro de Justicia, Walter Martínez, acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el pedido de facultades. Argumentó que la reestructuración busca reforzar la lucha contra el crimen organizado, debido a la influencia que mantienen diversas bandas dentro de los penales.

Martínez aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo el proyecto porque considera necesaria una reorganización integral del sistema penitenciario. Sin embargo, las explicaciones no han calmado al personal del INPE, que insiste en que la reforma no ha sido socializada y que podría afectar de manera directa a quienes mantienen operativa la infraestructura carcelaria del país.