La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este viernes, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La decisión también autoriza que el Ministerio Público inicie una investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

El caso se originó luego de que Espinoza firmara un documento que fijaba lineamientos para fiscales y la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de investigación. Para los parlamentarios denunciantes, este acto habría implicado desconocer la ley que devolvió a la PNP la conducción de las investigaciones preliminares.

“Estamos en dictadura parlamentaria”

Tras conocer la decisión, Espinoza denunció irregularidades cometidas en su contra durante el proceso congresal. Aseguró que la medida constituye una persecución política.

“Si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura parlamentaria”, señaló.

A continuación, los principales cuestionamientos que la fiscal plantea contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y la Comisión Permanente.

1. La denuncia era para los cuatro fiscales supremos, pero solo avanzó contra ella

Espinoza recordó que la denuncia constitucional incluía a toda la Junta de Fiscales Supremos:

• Zoraida Ávalos

• Juan Carlos Villena

• Pablo Sánchez

• Delia Espinoza

Sin embargo, en los casos de Ávalos, Villena y Sánchez, las abstenciones fueron mayores, por lo que las decisiones quedaron postergadas. En esas votaciones, Fuerza Popular no participó y otras bancadas optaron mayoritariamente por abstenerse.

Cuando el turno llegó a Espinoza, la mayoría de grupos parlamentarios votó a favor de sancionarla.

“Están corriendo contra mí. A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza política”, afirmó.

2. La Junta de Fiscales Supremos no elaboró la directiva cuestionada

Otro punto clave que plantea Espinoza es que la Junta de Fiscales Supremos no es la encargada de aprobar directivas institucionales. Por eso, sostiene que los lineamientos sobre la conducción de la investigación preliminar —núcleo del caso— no fueron elaborados en sesión de Junta.

Según la magistrada, la Subcomisión conocía esta información porque la documentación oficial fue entregada durante el proceso.

“Es un reglamento que no ha sido elaborado en junta de fiscales supremos”, insistió.

3. La sesión de la Subcomisión no se transmitió en vivo

Espinoza también cuestionó que la sesión en la que se debatió el informe final no fuera transmitida en vivo, lo que —según dijo— vulnera el debido proceso congresal y podría invalidar la decisión.

“No quisieron que se transmita. (...) Eso ha generado nulidades y no han querido declararlas”, afirmó.

Un proceso rumbo al Pleno

Aunque la Comisión Permanente aprobó el informe, la inhabilitación deberá ser votada por el Pleno del Congreso, donde se requerirá mayoría calificada. Mientras tanto, la Fiscalía podrá continuar con las diligencias penales.

La magistrada, suspendida desde agosto, asegura que seguirá defendiendo su derecho al debido proceso y denuncia motivaciones políticas detrás de la decisión parlamentaria.