sábado 06 de diciembre de 2025 - Edición Nº522

Actualidad | 27 nov 2025

Hoy se dicta sentencia contra Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre

La Corte Suprema decidirá si condena al expresidente por rebelión o por conspiración para la rebelión, lo que determinará su futuro político y el de sus excolaboradores.


Tras más de 80 sesiones y múltiples incidentes, este jueves 27 de noviembre el Poder Judicial emitirá sentencia contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por los jueces José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal, dará hoy su “pronunciamiento de ley”.

El pasado viernes, el tribunal dio por concluido el debate tras la autodefensa de Castillo, quien insiste en asumir toda la responsabilidad por el mensaje en el que anunció la disolución del Congreso y un gobierno de excepción.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

Por los hechos del 7 de diciembre, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada solicita 34 años de cárcel para Castillo por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Para los presuntos colaboradores —Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta, y los oficiales PNP Manuel Lozada y Jesús Venero— el Ministerio Público pide 25 años de prisión por rebelión, y 15 años para Torres Vásquez.

Sin embargo, durante el proceso, el tribunal anunció que podría desvincularse de la acusación por rebelión y recalificar los hechos como conspiración para la rebelión, lo que reduciría la pena. En este escenario, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde detalló que pedirían 19 años y 30 días para Castillo y 11 años, 5 meses y 15 días para los demás imputados.

Reparación civil y alcances políticos

El fallo también determinará si corresponde imponer una reparación civil de más de S/ 65 millones, tal como exige la Procuraduría General del Estado.

Una eventual condena —por rebelión o por conspiración— impediría que Castillo postule al Senado o a cualquier cargo público, pues la ley prohíbe ser candidato con sentencia en primera instancia por delito doloso. El exmandatario busca postular al Congreso con Juntos por el Perú, el mismo Parlamento que intentó disolver.

En situación similar está la expremier Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México y con prisión preventiva vigente, quien también pretende postular con el partido de Roberto Sánchez.

Castillo: “La responsabilidad es solo mía”

Durante su última intervención, Castillo afirmó que él es el único responsable del fallido golpe e intentó eximir a Chávez y Torres. Sostuvo que ninguno de sus ministros conocía el contenido del discurso que leyó el 7 de diciembre y que incluso intentó comunicarse con ellos para tranquilizarlos tras el mensaje, sin éxito.

El exmandatario aseguró haber recibido un aviso por WhatsApp horas antes del anuncio sobre la supuesta postura del Congreso, pero negó haber compartido esa información con sus colaboradores.

También relató que advirtió al ex premier Torres sobre posibles represalias contra su familia y barajó la posibilidad de llevarlos a la Embajada de México, algo que no ocurrió debido a su detención en flagrancia.

La disputa por la autoría del discurso

La Fiscalía sostiene que el discurso fue entregado por el exasesor Luis Mendieta, mientras que Castillo afirma que era una versión preparada para una presentación ante el Congreso. Torres, por su parte, negó haber redactado el documento y aseguró que lo recibió en un Consejo de Ministros.

Castillo minimizó el alcance del mensaje, asegurando que no se trató de un golpe de Estado sino de un “clamor popular” y rechazó ser golpista o terrorista. “Me culpan de un golpe solo por leer una hoja”, dijo. “La realidad lo dice a gritos”.

Un fallo clave para la política peruana

El veredicto de hoy marcará un punto de quiebre en la crisis política que arrastra el país desde 2022. También definirá si Castillo podrá seguir intentando regresar a la política o quedará inhabilitado. Asimismo, decidirá el futuro judicial y electoral de sus exministros y exasesores.

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