Por: Redacción Centraltv.pe

La justicia peruana marcó un precedente histórico al sentenciar al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con el fallido intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. La resolución fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que concluyó que el exmandatario actuó de forma coordinada para quebrar el orden constitucional y asumir poderes que no le correspondían.

Durante la lectura del fallo, el tribunal determinó que Castillo no solo anunció la disolución irregular del Congreso, sino que también buscaba gobernar mediante decretos de excepción, ignorando los procedimientos establecidos en la Constitución. La sentencia destacó que la actuación del exmandatario puso en riesgo la continuidad democrática del país y generó una crisis institucional que se agravó con su intento de buscar asilo diplomático.

El fallo también alcanzó a varios de sus exministros. La exjefa del gabinete, Betssy Chávez, y el exministro del Interior, Willy Huerta, recibieron la misma pena que Castillo por su presunta participación en la planificación y respaldo del quiebre institucional. En el caso del exjefe del Consejo de Ministros Aníbal Torres, se dictó una condena de 6 años y 8 meses, aplicada bajo un régimen especial debido a su edad.

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos, impidiendo que los implicados participen en procesos electorales o asuman responsabilidades en el sector estatal. Esta medida complementa el objetivo del fallo de impedir que quienes atentaron contra la institucionalidad puedan reincidir o influir en espacios gubernamentales.

El proceso judicial, que se extendió por varios meses, estuvo marcado por los reiterados intentos de la defensa de Castillo para anular actuaciones procesales alegando supuesta parcialidad. Sin embargo, los magistrados rechazaron esos argumentos, afirmando que la sentencia se sustentó en pruebas y testimonios que demostraron la existencia de un plan articulado para desestabilizar al Estado.

Con esta decisión, el Poder Judicial cierra uno de los capítulos más tensos de la política reciente del Perú. La condena a un expresidente por conspiración para rebelión constituye un hito en la defensa del orden democrático y deja un mensaje claro sobre los límites de la autoridad presidencial y el respeto a la institucionalidad.