Por: Redacción Centraltv

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó con firmeza la acusación en su contra por parte del JEE Pacasmayo, luego de que determinara que se habría usado una cámara del Congreso en un mitin político de Fuerza Popular, presuntamente vulnerando el principio de neutralidad electoral. Rospigliosi calificó la acusación como “ridícula” e “inverosímil”, pues dijo que no puede ser considerado responsable de supervisar todas las oficinas del Parlamento cediendo a los cargos de esa magnitud.

Según la resolución del JEE, se investigó el uso indebido de una videocámara institucional durante un acto político cuando se anunció la precandidatura presidencial de una dirigente de Fuerza Popular. Se señala que la cámara, propiedad del Estado, fue empleada en un evento partidario, lo que constituiría una infracción electoral y un presunto peculado por uso. También se solicitó responsabilidades a otros funcionarios del Congreso, además de Rospigliosi.

El incidente provocó una denuncia constitucional, suscitada por otro congresista, que acusa al presidente del Legislativo de permitir el uso de recursos públicos con fines proselitistas. El denunciante solicita que se inicie un proceso formal de investigación, con miras a sanciones que van desde suspensión hasta posible destitución del cargo.

Frente a ello, Rospigliosi presentó sus descargos ante el JEE, defendiendo que él no autorizó dicho uso. Explicó que tras detectarse el incidente, se abrió un proceso administrativo interno contra el servidor responsable, quien renunció. Aseguró que no existen pruebas concretas que lo vinculen directamente con la decisión, por lo que pidió archivar el expediente. Señaló que su responsabilidad no puede extenderse a supervisar cada bien o dependencia del Congreso.

Pese a la defensa de Rospigliosi, la polémica genera fuertes cuestionamientos en distintos sectores del Parlamento y de la opinión pública, pues se debate sobre la responsabilidad política en casos de presunto uso indebido de bienes estatales, la transparencia institucional y la neutralidad en procesos electorales.